Rodríguez Larreta envió a la Legislatura el acuerdo firmado con la Nación y la provincia de Buenos Aires por el traspaso de la jurisdicción.

Si bien el acuerdo sobre su traspaso se había confirmado en julio de 2018, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, envió -casi un año más tarde- Parlamento porteño el acuerdo firmado con la Nación y la provincia de Buenos Aires por el traspaso de la jurisdicción sobre el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica.

De esta manera, la medida prevé que la Empresa Distribuidora Norte SA (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur SA (Edesur) pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia y el distrito capitalino, en línea con lo que ocurre con las distribuidoras eléctricas en las demás jurisdicciones de todo el país.

Además sostiene que será necesaria “la constitución de un nuevo organismo de control, que opere bajo la órbita de la Provincia y de la CASA y que, oportunamente, cumpla las funciones que hoy lleva a cabo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)”, por lo que se requerirá que tanto el ENRE como este nuevo organismo trabajen coordinadamente “para lograr una transición que no afecte la prestación del servicio y a sus usuarios, y que respete los derechos de las Concesionarias”.

“Que en ese período se evaluará también la posibilidad de que algunos agentes que hoy prestan servicios en el ENRE, pasen a hacerlo en el nuevo organismo regulador a crearse”, añade el acuerdo.

Por otra parte también se analizarán los contratos de concesión de las concesionarias, que fueron celebrados en 1992, y de qué manera se resolverán los reclamos sobre el cumplimiento de las Actas Acuerdo celebradasentre el EN y las Concesionarias en 2006; otros relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios; y aquellos que tengan que ver con las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social.

De acuerdo a los fundamentos de la medida, el Gobierno porteño explicó que la transferencia del servicio “representa un avance significativo en el proceso de institucionalización comenzado a partir de la reforma constitucional de 1994, que transformó radicalmente la naturaleza política y jurídica de la Ciudad de Buenos Aires mediante la consagración de su autonomía en el artículo 129”.

Asimismo precisa que a partir del 1 de marzo se inició el proceso de traspaso de Edenor y Edesur a la jurisdicción de la Provincia y de la Ciudad, “por medio del cual estas últimas pasarán a ejercer el poder de policía sobre el servicio público que prestan las concesionarias”.

Cabe destacar que durante las discusiones celebradas el año pasado con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y en concordancia con el pedido de los gobernadores peronistas, se había resolvió este traspaso dado que se consideró que se trata de una medida “justa” y que permitiría “equilibrar el gasto estatal”.

Este fue uno de los principales reclamos que los gobernadores peronistas le hicieron al mandatario, cuando les planteó la necesidad de cumplir con un plan de ajuste del gasto público, como lo exigió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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