La declaración complica la investigación y apunta a nuevos posibles implicados en el uso indebido de drogas de uso quirúrgico

La causa que investiga el robo y uso indebido de medicamentos en hospitales públicos sumó un nuevo elemento clave tras el testimonio de una médica residente del Hospital Rivadavia, quien reconoció haber sustraído y consumido propofol fuera del ámbito institucional.

La declaración fue realizada por la residente Chantal Lecrecq ante autoridades médicas y posteriormente remitida al Ministerio Público Fiscal. Según se informó, la profesional admitió que utilizaba medicamentos del hospital para consumo personal y que mantenía vínculo con otras personas involucradas en la causa.

Durante su testimonio, la médica detalló que consumía tanto drogas recreativas como sustancias de uso habitual en quirófano, entre ellas propofol, ketamina, fentanilo y midazolam. En ese marco, reconoció que algunas de estas drogas fueron retiradas del hospital sin autorización.

La investigación ya tenía como principales imputados a Delfina Lanusse y Hernán Boveri, señalados por presunto robo de insumos médicos que luego habrían sido utilizados en fiestas clandestinas. El nuevo testimonio refuerza la hipótesis de que existía un circuito de desvío de medicamentos para consumo fuera del ámbito sanitario.

En su declaración, Lecrecq también mencionó al anestesiólogo Alejandro Zalazar, con quien aseguró haber consumido propofol en una ocasión. Según explicó, mantenían una relación de amistad desde su paso por la residencia.

La profesional indicó además que compartía encuentros con Lanusse en los que se consumían tanto drogas quirúrgicas como sustancias recreativas. No obstante, aclaró que no todas las personas mencionadas coincidían en los mismos eventos.

El caso genera preocupación en el sistema de salud, ya que pone en evidencia posibles fallas en los controles sobre medicamentos sensibles dentro de instituciones públicas. Desde la asociación médica correspondiente recomendaron que la residente tome licencia y se someta a tratamiento por consumo problemático.

La Justicia ahora deberá determinar las responsabilidades individuales y el alcance de las maniobras investigadas, en una causa que sigue sumando derivaciones y que podría involucrar a más profesionales del ámbito sanitario.

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