La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, rechazó un recurso presentado por la Argentina y confirmó la condena que obliga al Estado a pagar US$390,9 millones al fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.
La decisión ratificó el fallo de primera instancia y representa un nuevo revés judicial para el país en uno de los litigios internacionales derivados de la estatización de la compañía aérea.
Según informó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors especializado en causas contra la Argentina, el tribunal confirmó íntegramente la sentencia que reconoce el derecho del fondo a ejecutar el laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Qué resolvió la Corte de Apelaciones
El principal punto en discusión era el plazo de prescripción aplicable para ejecutar el laudo del CIADI.
La Argentina sostenía que correspondía un límite de tres años, mientras que la Justicia estadounidense consideró válido el plazo de doce años establecido por el tribunal de primera instancia.
Con esta decisión, quedó firme la condena que obliga al Estado argentino a abonar US$390.907.115,55, más los intereses correspondientes.
Cómo se originó el litigio
El conflicto se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, cuando ambas compañías estaban controladas por el grupo español Marsans.
Tras la estatización, Marsans inició un arbitraje internacional ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial. Posteriormente, los derechos del reclamo fueron transferidos al fondo Burford Capital y, más tarde, a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa la ejecución del fallo en la Justicia de Estados Unidos.
En 2017, el CIADI emitió un laudo favorable a los demandantes. La Argentina intentó anular esa decisión, pero el pedido fue rechazado en 2019.
En 2024, la Justicia estadounidense reconoció la validez del laudo y ordenó el pago de la indemnización. La apelación presentada por el Estado argentino en 2025 fue finalmente desestimada este martes.
La respuesta del Gobierno
Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro informó que se encuentra analizando todas las herramientas legales disponibles para intentar revertir o, al menos, reducir el impacto de la sentencia.
El organismo sostuvo que el litigio tiene su origen en decisiones adoptadas durante administraciones anteriores y señaló que el Gobierno heredó «más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos» al asumir en diciembre de 2023.
