La jueza de Nueva York en el segundo distrito, Loretta Preska, instruyó a la Argentina para que cedera el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del veredicto sobre la expropiación de la petrolera. La resolución fue imprevista y, tras analizar los procedimientos a implementar, Javier Milei confirmó en sus redes sociales que el Ejecutivo recurrirá la acción tomada.
Ayer, en la Casa Rosada comenzaron a examinar los detalles del veredicto de Estados Unidos y de manera pública, el Presidente imputó a Axel Kicillof. “Es responsabilidad directa del inútil soviético”, cuestionó. En paralelo, las acciones de la petrolera en Wall Street caían hasta 8% después de que se diera a conocer el fallo y cerraron con una pérdida de 5,6% en el día.
Sin embargo, mientras tanto, el juicio persiste y los gastos aumentan. Según los cálculos del analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, a los US$16.100 millones destinados a cumplir con la sentencia por la expropiación de la petrolera, se deben añadir US$1650 millones en forma de intereses a partir de septiembre de 2023.
En otras palabras, la Argentina tendría que desembolsar US$17.750 millones por el proceso judicial. Además, según las proyecciones de Maril, los intereses acumulados superan los US$3 millones por cada día que no se realiza el pago.
“El monto de la indemnización devenga interés a una tasa fija anual de 5,42% porque las normas procesales establecen que la tasa aplicable a las sentencias de Nueva York es una tasa fija equivalente al promedio del interés de las letras del tesoro de Estados Unidos a un año de plazo, vigente durante la semana anterior a la sentencia”, explicó Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro.
En otras palabras, la Argentina tendría que desembolsar US$17.750 millones por el proceso judicial. Además, según las proyecciones de Maril, los intereses acumulados superan los US$3 millones por cada día que no se realiza el pago.
La jueza Preska dictó una sentencia el 15 de septiembre de 2023 condenando a la Argentina a abonar US$16.000 millones por la expropiación de YPF llevada a cabo en 2012. Para alcanzar ese veredicto, comprendió que el gobierno de Cristina Kirchner tomó el control de la participación de Repsol en la empresa y le abonó con bonos, pero no procedió de la misma manera con el resto de los accionistas, por lo que no respetó el estatuto de la petrolera.
A partir de ese momento, la Argentina recurrió el fallo y los demandantes solicitaron que se intensifiquen los embargos y se entreguen bienes como las acciones de YPF que están en manos del Estado.
Cuando asumió Milei, el Gobierno debería haber depositado una garantía para evitar los embargos. “Esto tendría que haber sucedido en enero de 2024, pero no se hizo ningún depósito. Acto siguiente, la ley americana te da derecho a embargar activos de, en este caso, la República Argentina”, describió Maril en diálogo con TN.
“Un año y medio más tarde, después de varias presentaciones y contra recomendación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Preska accedió al pedido de los beneficiarios y obliga a Argentina a entregar las acciones que tiene el YPF como parte de pago”, completó.
