Tras los sucesos, el Gobierno aceleró la entrega de la Ley Anti-barras bravas al Congreso. Esta es una de las acciones que el Ejecutivo pretende promover tras el choque del miércoles entre las cuatro fuerzas federales y los manifestantes en la protesta de los retirados. «La ley ya está preparada para salir», afirman en Nación.
De acuerdo con TN, desde diciembre, el proyecto ya se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Javier Herrera Bravo, y fue promovido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Incorpora la categorización de las barras bravas como entidades delictivas y acciones contra los líderes de clubes que colaboren con ellas.
El documento intenta categorizar las acciones de sus miembros como crímenes de asociación ilítica y contempla castigos de dos a cuatro años de cárcel para aquellos que lleven armas o vendan entradas de protocolo. Además, contempla penas de hasta seis años de cárcel para las autoridades de los clubes que distribuyan boletos a las barras.
La propuesta tiene como objetivo desmantelar también las actividades ilegales asociadas al fútbol, como la regulación de los estacionamientos por trapitos en las proximidades de los estadios. En Nación argumentan que intentan disminuir las vías de financiación de las barras.
El Gobierno intenta robustecer el sistema de inhabilitación administrativa, que faculta a las autoridades para impedir el ingreso a los estadios a individuos acusados de crímenes. Incluye las penalizaciones que pretende imponer el oficialismo a los manifestantes arrestados después de la marcha del miércoles.
Por esta razón, el Ministerio de Seguridad está examinando los historiales y conexiones de los arrestados por las autoridades federales con el fin de establecer si mantienen una conexión directa con las barras de los clubes. También estamos revisando las cámaras. Aproximadamente hay 70 más los detenidos por la Policía de la Ciudad”, expresan en Nación.
