El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a Ariel García Furfaro, empresario farmacéutico y dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., junto a otros directivos en la causa que investiga la muerte de 124 pacientestras recibir fentanilo adulterado. Además, la justicia ordenó un embargo de un billón de pesos sobre sus bienes, en una medida que refleja la magnitud del caso.
Según la resolución judicial, García Furfaro fue considerado coautor penalmente responsable de la adulteración de sustancias medicinales que provocó el fallecimiento de al menos 20 personas, en concurso con otros delitos graves contra la salud pública. Su madre, Nilda, y su hermano Diego también quedaron procesados con prisión preventiva y embargos de quinientos mil millones de pesos cada uno.
El avance de la causa tuvo un momento clave con el informe del Instituto Malbrán, que detectó fallas estructurales en el proceso de producción de las ampollas. Entre ellas, deficiencias en el sellado, controles de esterilidad inadecuados y prácticas que comprometían la seguridad de los lotes. Los especialistas también identificaron la presencia de bacterias peligrosas, como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae multirresistente, que coincidían genéticamente con las halladas en pacientes afectados.
El expediente también incorpora los antecedentes penales de García Furfaro, condenado en 2002 a siete años de prisión por tentativa de homicidio, y una segunda investigación por contrabando agravado a raíz de una importación irregular desde China. Con esta acumulación de causas, el empresario enfrenta un escenario judicial crítico y una posible pena máxima.
La causa, por el número de víctimas y la magnitud de las irregularidades detectadas, se perfila como una de las más graves vinculadas a la industria farmacéutica en la Argentina, y podría sentar un precedente en materia de responsabilidad penal empresarial.
