El oficial subrayó que la meta del proyecto no solo es simplificar la utilización de estos ahorros, sino también asegurar que los datos sobre el patrimonio de los ciudadanos no sean examinados de manera rigurosa en el futuro; para ello, el planteamiento del gobierno liberal es disminuir el periodo de prescripción a dos años (en la actualidad es de cinco).

“Esto va a garantizar que la información que se suministre no va a ser revisada” hacia atrás, afirmó, en referencia al nuevo marco que en los próximos días propondrán ante el Congreso. En ese marco, Francos expuso las ventajas que esta ley aportaría, no solo para los ahorradores individuales, sino también para el comercio y la industria en su totalidad.

Francos aclaró que el gobierno se enfoca en la aprobación de un proyecto de ley que facilite la movilización de estos recursos, permitiendo que los ahorradores que han guardado sus dólares fuera del sistema financiero los empleen para comprar propiedades sin consecuencias fiscales inmediatas. “Creo que va a ser algo realmente revolucionario. Hay mucha gente que quiere entrar a un crédito hipotecario y no tienen ese monto inicial para comenzar y poder así adquirir un departamento en blanco”, apuntó, sugiriendo que la medida estaría diseñada para quebrar la barrera de entrada al mercado inmobiliario.

“El movimiento extra que se va a generar en la economía permitirá también a las provincias recaudar más impuestos”, añadió, subrayando la importancia de un acuerdo entre la administración central y los gobiernos provinciales.

Francos también abordó el escepticismo que ciertos sectores, particularmente en la provincia de Buenos Aires, han expresado respecto de la iniciativa. Si bien reconoció que la resistencia es en parte política, aseguró que con el tiempo estas voces críticas comprenderán los beneficios del proyecto. “Francamente, no creo que sea bueno para la provincia de Buenos Aires no recibir esta información”, señaló.

El jefe de Gabinete también rechazó la noción de que el plan gubernamental se ajuste a estándares internacionales, como los fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Declaro que, en vez de saturar a las autoridades con información superflua, este nuevo método potenciará la eficiencia del control. “Ahora, con información más limitada sobre algunos montos, es mucho más fácil generar control por parte de el Arca”, aclaró.

El ministro señaló igualmente que la iniciativa gubernamental está alineada con un esfuerzo más amplio para reformar aspectos fundamentales de la política fiscal del país. “Hemos dicho siempre que la reforma fiscal era una reforma de segunda generación”, indicó, apuntando que existen perspectivas de que en un futuro no muy lejano, las circunstancias políticas permitirán alcanzar consensos significativos para una reforma efectiva.

Finalmente, el jefe de Gabinete explicó que numerosos argentinos se dirigieron al mercado paralelo de dólares debido a limitaciones para ingresar al mercado oficial. Por lo tanto, esto no debe interpretarse como un incumplimiento, sino como una exigencia para salvaguardar el valor de los ahorros en un entorno económico desfavorable. “No es que la gente haya sido incumplidora, sino que se vio obligada a buscar la manera de proteger su dinero”, finalizó.

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