El gobierno de Alberto Fernández oficializó este jueves la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, anunciado el miércoles por la noche desde la Quinta de Olivos.
El presidente estuvo acompañado ayer por miembros de su gabinete, el gobernador Axel Kicillof; su vice, Verónica Magario, y varios de los 135 intendentes bonaerenses, tanto oficialistas como opositores.
Esta reducción regirá hasta la aprobación por parte del Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales que ejerce el Gobierno porteño.
En su artículo 2 el decreto, que lleva las firmas de Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro y del ministro de Economía, Martín Guzmán, se establece que «a partir de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la correspondiente asignación de recursos», la participación que le corresponde a la Ciudad «se fijará en un coeficiente equivalente al 1,40% sobre el monto total recaudado por los gravámenes» coparticipables.
El decreto dispone además la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que, de acuerdo con el artículo 4, «tendrá por objeto contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas» del mayor y más populoso distrito del país.
Dicho Fondo se constituirá a partir de los recursos que se incorporen al Tesoro Nacional merced de a adecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad.
Entre los considerandos de la norma, se recuerda que apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri elevó por medio del decreto 194/16 la participación de la Ciudad, su principal bastión político, desde el 1,40% al 3,75%. Y que luego, merced del Consenso Fiscal 2017 se estableció una reducción de la alícuota al 3,50%. La misma que recibe en la actualidad la Ciudad.
El decreto 735/2020 recuerda además que «la distribución de los recursos coparticipables en el sistema creado por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, debe ser equitativa y solidaria, guiada por los principios de concertación, automaticidad y funcionalidad, priorizando el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades y promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar las inequidades existentes entre regiones, así como las capacidades institucionales y fiscales de cada jurisdicción»
Y en ese sentido advierte que los decretos firmados por Macri que llevaron la participación de la Ciudad al 3,75% primero y al 3,50% después «obedecieron a una lógica diametralmente opuesta a los criterios objetivos de reparto y principios constitucionales enunciados».
El decreto advierte además que el aumento de la participación de la Ciudad dispuesta por Macri «se orientaron a financiar las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales que asumió la jurisdicción; sin embargo, la incidencia presupuestaria de los coeficientes adoptados no condice con las necesidades reales para cumplir con el objetivo, redundando en una desigualdad aún mayor con las provincias».
De esta manera «se vieron afectados los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que hoy lucen evidentes y cuya corrección es imperativa».
De acuerdo con el Gobierno nacional «el impacto presupuestario real de las funciones de seguridad asumidas por la Ciudad equivalen a un 0,92% adicional a la participación que tenía dicha jurisdicción». Macri le otorgó un 2,35%.
