En una sesión atravesada por fuertes cruces y posiciones enfrentadas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, y ahora deberá ser tratada en el Senado.
El oficialismo logró avanzar con uno de los ejes centrales de su agenda legislativa, luego de la reciente aprobación de la reforma laboral en la Cámara alta. Tras esta votación, el recinto continuó con el debate sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
La presencia de víctimas en el Congreso
La sesión contó con la presencia de familiares de víctimas de delitos. Entre ellos estuvo Romina Monzón, madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre de 2025 en Santo Tomé, Santa Fe. El crimen fue cometido por tres menores de 14, 15 y 16 años.
Romina siguió el debate desde uno de los palcos del Congreso, acompañada por su hermana y su equipo de abogados. Fue recibida por el presidente de la Cámara, Martín Menem, y por legisladores del oficialismo. En declaraciones a la prensa calificó la jornada como “histórica” y cuestionó que, según su visión, la legislación vigente no contempla adecuadamente a las víctimas.
También participaron otros familiares, como María Luján Rey —madre de Lucas Menghini Rey y actual directora del Observatorio de Víctimas de Delitos—, Marcos Gómez, Vivian Perrone y Jimena Aduriz, todos referentes en reclamos vinculados a justicia y seguridad.
Monzón aclaró que la eventual ley no tendrá efecto retroactivo y que no modificará la situación judicial de los responsables del asesinato de su hijo. Aun así, expresó su respaldo al proyecto, al que denomina “Ley Jeremías”.
Los argumentos del oficialismo
El dictamen de mayoría fue defendido por la diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal. Según explicó, el texto es el resultado del trabajo conjunto de cuatro comisiones y apunta a actualizar un esquema normativo que —según sostuvo— arrastra décadas de vacíos y desactualización.
La legisladora remarcó que uno de los cambios centrales es la incorporación de las víctimas como sujetos con derechos dentro del proceso penal juvenil, con mayores instancias de participación y protección.
El nuevo régimen está organizado en once capítulos y se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad y resocialización. La privación de la libertad queda establecida como una medida excepcional y de último recurso, bajo supervisión judicial y en establecimientos específicos para menores, separados de la población adulta.
Con la media sanción ya obtenida, el proyecto abre ahora un nuevo capítulo en el Senado, donde se anticipa que continuará un debate que divide posiciones tanto en el ámbito político como en la sociedad.
Pedro Mercuriali
