El oficialismo acelera el tratamiento del tratado de patentes, en medio de tensiones internas y presiones del sector farmacéutico.
El Gobierno nacional intensifica las negociaciones para que el Congreso trate durante abril uno de los capítulos más sensibles del acuerdo comercial con Estados Unidos: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), impulsado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
La iniciativa, que el Ejecutivo busca llevar al recinto de la Cámara de Diputados en las próximas semanas, forma parte de los compromisos asumidos en el entendimiento bilateral con Washington y es considerada una señal clave en materia de apertura comercial e institucional.
En la Casa Rosada reconocen que el capítulo de propiedad intelectual es uno de los más complejos de implementar. Por eso, en las últimas semanas se aceleraron las gestiones para destrabar su tratamiento legislativo, en un contexto marcado por plazos acordados con la administración estadounidense.
Sin embargo, el avance del proyecto no está exento de tensiones internas. Dentro del oficialismo conviven dos posturas: por un lado, quienes sostienen que el expediente aprobado por el Senado en 1998 quedó desactualizado y debería revisarse; por otro, quienes consideran que ese antecedente sigue vigente y que lo prioritario es aprobarlo sin reabrir el debate técnico.
El tratado propone un sistema internacional que permite centralizar solicitudes de patentes con validez en múltiples países, lo que simplifica los procesos para empresas y promueve la inversión extranjera. Desde el Gobierno aseguran que su aprobación fortalecería la posición de la Argentina en el comercio global y consolidaría el vínculo con Estados Unidos.
La iniciativa se enmarca en la estrategia de alineamiento internacional que impulsa el presidente Javier Milei, quien desde el inicio de su gestión avanzó en distintos frentes del acuerdo bilateral, especialmente en aquellos que no requerían aprobación legislativa inmediata.
En paralelo, el Ejecutivo ya adoptó medidas regulatorias a nivel local. Entre ellas, se destaca la reciente actualización de aranceles del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y la creación de una nueva unidad de medida para los trámites, que comenzará a regir en mayo con ajustes mensuales vinculados a la inflación.
No obstante, el principal foco de conflicto está en el sector farmacéutico. Mientras los laboratorios internacionales respaldan la adhesión al PCT, los actores locales advierten sobre posibles efectos negativos en la producción de genéricos y en la competencia del mercado interno.
Esta disputa agrega presión al oficialismo, que deberá equilibrar las exigencias del acuerdo internacional con los costos políticos y económicos de avanzar con una reforma sensible para la industria nacional.
