La llegada de Nicolás Maduro al poder, en 2013, profundizó la polarización política y la crisis institucional que ya atravesaba Venezuela tras años de chavismo. Ungido públicamente por Hugo Chávez antes de su muerte, asumió la presidencia en un clima de duelo nacional, pero también de fuertes cuestionamientos. Su ajustada victoria sobre Henrique Capriles, con una diferencia de apenas 234.935 votos, dejó abiertas denuncias por irregularidades electorales, auditorías inconclusas y dudas sobre su nacionalidad, alimentadas por la oposición, que sostenía que nunca presentó una partida de nacimiento venezolana.
Ese origen controvertido marcó el inicio de un período signado por el deterioro institucional, el colapso económico y el uso creciente de la fuerza estatal. En los primeros meses de gestión, la inflación comenzó a erosionar el poder adquisitivo, mientras el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia entraban en una confrontación permanente con la Asamblea Nacional. Para fines de 2014, las protestas sociales ya reflejaban el nivel de tensión acumulado: estudiantes, trabajadores y sectores populares reclamaban seguridad, alimentos y estabilidad económica. La respuesta del Estado fue la represión, con detenciones masivas y el despliegue de fuerzas policiales y militares. Informes del Alto Comisionado de la ONU documentaron golpizas, abusos y uso ilegítimo de la fuerza.
En 2016, la escasez de alimentos y medicamentos se volvió una constante. Las imágenes de familias haciendo largas filas para acceder a productos básicos, hospitales sin insumos y farmacias vacías se transformaron en símbolos de una crisis humanitaria en expansión. La hiperinflación, que según estimaciones del FMI superó el millón por ciento en 2018, terminó de desfigurar la economía y empujó a millones de venezolanos a abandonar el país.
El estallido social de 2017 marcó otro punto crítico. Protestas masivas en Caracas y otras ciudades dejaron un saldo de muertos, heridos y detenidos. Organismos de derechos humanos y la Misión Internacional Independiente de la ONU documentaron impactos de bala, torturas, desapariciones forzadas y un patrón sistemático de abusos atribuido a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia.
En ese contexto, Maduro avanzó hacia su reelección en 2018 en un proceso ampliamente cuestionado. La campaña se desarrolló sin los principales partidos opositores, con líderes inhabilitados, presos o exiliados, y sin observación internacional independiente. Para la Unión Europea, la OEA y distintos organismos de Naciones Unidas, no existieron condiciones mínimas de competencia electoral. El resultado fue desconocido por gran parte de la comunidad internacional y dio lugar a una prolongada crisis de legitimidad. Más de 50 países reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado, mientras el chavismo mantuvo el control de las instituciones y del territorio.
Durante esos años, se profundizaron las denuncias de corrupción estructural. Investigaciones en Estados Unidos vincularon a altos funcionarios venezolanos con el llamado Cartel de los Soles, una red de narcotráfico presuntamente operada desde estructuras militares y políticas. El Departamento de Justicia acusó formalmente a Maduro por narcoterrorismo y ofreció recompensas por información que permitiera su captura, al tiempo que señaló a otras figuras del régimen, como Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Las sanciones económicas y financieras incrementaron el aislamiento internacional del país.
En paralelo, el colapso de los servicios públicos se volvió parte de la vida cotidiana. Apagones masivos, falta de agua, escasez de combustible y hospitales sin recursos marcaron el día a día de la población. Organizaciones humanitarias difundieron imágenes de desnutrición infantil, pacientes atendidos en condiciones precarias y morgues desbordadas por muertes evitables.
Para entonces, Venezuela ya se encontraba bajo un régimen abiertamente autoritario. La hiperinflación derivó en una dolarización de facto, mientras amplios sectores quedaron excluidos de cualquier forma de estabilidad económica. El poder se sostuvo a través del control militar, redes clientelares y mecanismos de coerción política.
La migración venezolana se consolidó como la mayor diáspora en la historia moderna de América Latina. Entre 2018 y 2023, más de ocho millones de personas abandonaron el país, según estimaciones de la ONU. Las imágenes de familias cruzando fronteras a pie, atravesando el Tapón del Darién o viajando durante días hacia países como Argentina o Chile expusieron ante el mundo la magnitud del colapso social.
