El Gobierno intensifica por estas horas las negociaciones políticas para intentar que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto 2026 antes de fin de año. La meta del oficialismo es obtener dictamen entre lunes y martes, para llevar el proyecto al recinto antes del jueves. “Vamos a intentar sacarlo todo la semana que viene”, aseguran en Nación.
En la Casa Rosada afirman que ya cuentan con los 129 votos necesarios para garantizar la media sanción en Diputados, y ahora concentran sus esfuerzos en el Senado. Por ese motivo, en las últimas semanas reforzaron el diálogo con los gobernadores aliados y acercaron posiciones en torno a los pedidos de las provincias, entre ellos la baja de retenciones y la reactivación de obras públicas.
Los principales negociadores del oficialismo son el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. El ministro de Economía, Luis Caputo, define hasta dónde ceder en los reclamos de los aliados para ampliar asignaciones.
En Balcarce 50 dan por descontado que la mesa política iniciará encuentros con los jefes de bloque tanto en Diputados como en el Senado, donde también buscan acelerar el debate de la reforma laboral que el presidente Javier Milei envió este jueves al Congreso. En esta nueva versión fueron retirados los puntos que habían generado mayor tensión con los sindicatos.
La prioridad del Gobierno está puesta en la aprobación del Presupuesto, porque consideran que su sanción contribuirá a profundizar la baja del riesgo país, lo que permitiría mejorar las condiciones de financiamiento para afrontar los vencimientos de deuda de enero, que ascienden a US$4000 millones. El Tesoro captó ayer US$1000 millones en la primera emisión de deuda en dólares desde 2018.
El Ejecutivo también busca incluir dentro del Presupuesto la iniciativa para promover el uso de los dólares del “colchón”. El proyecto modifica la Ley Penal Tributaria y la de Procedimiento Fiscal, elevando de $1.500.000 a $100.000.000 el piso a partir del cual la evasión es considerada delito. Además, mantiene las penas de dos a seis años para quienes evadan tributos dentro de esos parámetros.
La propuesta también contempla elevar a $1.000 millones el monto en el caso de evasión agravada, que prevé penas de tres a nueve años. Asimismo, reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción penal para delitos tributarios y busca que la modificación se aplique a contribuyentes que hayan presentado sus declaraciones juradas en término.
En el temario de sesiones extraordinarias, Milei incluyó además la reforma del Código Penal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y la modificación de la Ley de Glaciares, que busca ampliar los parámetros ambientales y habilitar nuevas mesas técnicas entre Nación y provincias para proyectos productivos en zonas de ambiente periglacial.
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