El Gobierno nacional confirmó que pospondrá hasta marzo de 2026 las conversaciones con la oposición para cubrir las vacantes en la Corte Suprema y en los juzgados federales. Según fuentes oficiales, el presidente Javier Milei decidió que el tema no se incluya en las sesiones extraordinarias del Congreso y que recién se aborde en las ordinarias del próximo año.
“La línea que bajó el Presidente es que el tema no se mueva hasta después de extraordinarias”, aseguraron en la Casa Rosada.
Desde el Ejecutivo explican que las prioridades actuales son la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, además de la iniciativa para permitir el uso de “dólares del colchón” dentro del sistema financiero.
Reacomodamientos internos y tensiones
En Balcarce 50 persisten las tensiones respecto de quién será el interlocutor del oficialismo en las negociaciones judiciales con el Congreso. Algunos sectores señalan al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, como el negociador designado, mientras otros advierten que “podría haber cambios”.
Esa indefinición también retrasó la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, quien había renunciado públicamente. La mesa chica presidencial aún no consensuó su reemplazo, aunque entre los candidatos figura el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
Negociaciones y posibles candidatos
El Gobierno mantiene su disposición a negociar una ampliación de la Corte Suprema con el kirchnerismo en el Senado, destacando como interlocutores al ministro bonaerense Juan Martín Mena y al titular de la Auditoría General, Juan Manuel Olmos.
Sin embargo, desde el Ejecutivo aclaran que todavía no definieron los nombres que propondrán en 2026. Las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla se habían caído en abril, luego de no obtener la aprobación del Senado.
En la lista de posibles reemplazantes que maneja la Casa Rosada figuran los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez federal Ricardo Rojas, quien ya había sido considerado para la Procuración del Tesoro.
Otros cargos en disputa
Además de las vacantes en la Corte, el Gobierno buscará consensuar con los gobernadores dialoguistas la designación de funcionarios en 150 juzgados federales. También pretende incluir en la negociación el reemplazo del procurador general Eduardo Casal y de la defensora general Stella Maris Martínez, aunque reconocen que “no hay propuestas cerradas” para esos puestos.
