La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, encabezada por Victoria Montenegro (UC), recorrió el barrio y se reunió con vecinos. Allí expresaron inquietudes sobre cómo se está implementando la reurbanización.
La legisladora de Unidad Ciudadana y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, junto a los legisladores que integran la misma recorrieron la Villa 31 y se reunieron con los vecinos del lugar, quienes expresaron sus inquietudes y demandas sobre cómo se está implementando la urbanización del barrio.
Es así que los ciudadanos advirtieron que a menos de un mes de la fecha probable de re localización no saben el valor de la vivienda que les adjudicaran ni las cuotas que deberán pagar y aseguraron que esas casas aún no cuentan con accesos para ambulancias, ni asfalto, ni veredas.
La recorrida tuvo tres puntos de encuentro, uno de ellos fue el bajo autopista, donde los vecinos aseveraron que no todos los grupos familiares que residen en el sector, al demoler en bajo autopista tendrán vivienda adjudicada, ya que algunos no fueron censados y otros no fueron considerados como grupo familiar.
También precisaron que en algunos casos no se contemplan desgloses familiares que implicaran situaciones de hacinamiento y denunciaron que los modelos de escritura son imprecisos y se contradicen con puntos que les habían informado verbalmente.
Al respecto de esa situación, Montenegro remarcó que “es indispensable que el Gobierno de la Ciudad escuche el reclamo de los vecinos” y subrayó que “muchos de ellos tienen incertidumbre ya que no hay certezas respecto a las características de las futuras viviendas; nuestra preocupación como legisladores es que las familias tengan una respuesta ante la indiferencia de la actual gestión”.
Por su parte, el trotskista Gabriel Solano (PO) insistió en que “recorriendo la villa 31 verificamos que la llamada urbanización de Larreta es muy precaria y endeuda a los vecinos” y subrayó que las viviendas que se están construyendo son de chapa y madera, “los vecinos quieren casas de cemento”, sentenció.
Del encuentro participaron representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), de la Asesoría Tutelar de la Ciudad, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), la Liga Argentina por los Derechos Humanos y los legisladores Mariano Recalde, Paula Penacca (UC), Santiago Robertoy María Rosa Muiños (BP).