El Gobierno nacional definió que comenzará a implementar algunos capítulos del acuerdo comercial con Estados Unidos sin esperar su tratamiento en el Congreso. La estrategia oficial consiste en avanzar con aquellos puntos del entendimiento que pueden instrumentarse a través de mecanismos administrativos, mientras se demora el debate legislativo del texto completo.
Según fuentes oficiales, la decisión se apoya en que ciertas disposiciones del acuerdo no requieren aprobación parlamentaria inmediata. En ese marco, el Ejecutivo busca mostrar resultados concretos en el corto plazo y dejar en claro que la aplicación del convenio se hará de manera gradual y por etapas.
El eje de este primer avance estará centrado en la eliminación de barreras no arancelarias y en el reconocimiento de certificaciones técnicas y sanitarias. De acuerdo con los equipos técnicos del oficialismo, estos capítulos pueden implementarse mediante decretos, resoluciones ministeriales y disposiciones de los organismos de control, sin necesidad de modificar leyes vigentes.
En la Casa Rosada explican que las medidas incluirán cambios en los sistemas de licencias de importación, la simplificación de trámites administrativos y la aceptación de estándares internacionales o estadounidenses para determinados productos. El objetivo, remarcan en Balcarce 50, es “reducir costos regulatorios y agilizar el comercio”.
El acuerdo firmado en Washington establece que la Argentina deberá permitir el ingreso de bienes estadounidenses que cumplan con normas técnicas, reglamentos o procedimientos de evaluación de conformidad de Estados Unidos o estándares internacionales, sin exigir pruebas adicionales. “Vamos a avanzar con todo lo que se pueda implementar rápido y que no dependa del trámite legislativo”, señalan desde el Gobierno.
El compromiso alcanza a sectores sensibles como el automotor, los dispositivos médicos, los productos farmacéuticos y el equipamiento industrial. En esos rubros, los anexos del acuerdo prevén la aceptación directa de certificaciones emitidas por autoridades estadounidenses, con el fin de reducir tiempos y costos en los procesos aduaneros.
El límite de esta estrategia aparece en los capítulos que implican obligaciones estructurales y permanentes para el país. La reducción de aranceles prevista en el cronograma del acuerdo, la administración de cupos bajo reglas internacionales y los compromisos en materia de propiedad intelectual y subsidios industriales requieren, de manera obligatoria, la aprobación del Congreso para entrar en vigencia.
Desde el Ejecutivo confirmaron que el acuerdo será enviado al Parlamento en los próximos días, con la expectativa de que sea tratado recién en marzo. No obstante, en la Casa Rosada no descartan sumarlo a las sesiones extraordinarias como un gesto político hacia Washington, aunque reconocen que la agenda legislativa está cargada de otros temas prioritarios.
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a avanzar por la vía administrativa para mostrar señales concretas de apertura comercial y reforzar el vínculo bilateral con Estados Unidos, aun antes de que el acuerdo tenga aval formal del Congreso.
