El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una presunta operación de inteligencia ilegal luego de que se difundieran grabaciones atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según explicaron fuentes oficiales, se trata de una maniobra destinada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral” y no de una simple filtración.
“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un mensaje publicado en redes sociales.
La denuncia surge luego de que el viernes pasado se conocieran audios de la hermana del presidente Javier Milei difundidos en el canal de streaming Carnaval. En esos registros, Karina Milei no hace referencia al escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque desde el propio medio señalaron que se trata de “la puntita” de nuevas grabaciones que saldrían a la luz en los próximos días.
En uno de los audios publicados, la funcionaria sostiene: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En otra grabación se la escucha decir: “Entonces, acá ni siquiera… porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.
Reacción en Casa Rosada
Desde el Ejecutivo consideraron que la difusión de los registros constituye un hecho de extrema gravedad. “Fue un mensaje torpe, porque revelan algo que nada tiene que ver con el contenido de los otros, que también es falso. Pero además es un mensaje mafioso. Estamos seguros de que Karina no dijo nada incriminador. Lo que es seguro es que es gravísimo que alguien grabe con esas intenciones al interior de Casa Rosada”, señaló una alta fuente oficial a Infobae.
La preocupación del Gobierno no radica en el contenido de los audios, sino en la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la sede del Poder Ejecutivo. “Lo hicieron con la persona de mayor importancia en el Gobierno después del Presidente, mirá si no lo van a poder hacer con el resto”, advirtió un funcionario.
Fuentes oficiales confirmaron que existen más audios de ministros que podrían difundirse en los próximos días. En este contexto, se llevó a cabo una reunión de emergencia en Casa Rosada encabezada por Adorni, el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, entre otros.
Contenido de la denuncia
La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la firma de Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, y por indicación de la ministra Patricia Bullrich.
“Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa”, sostiene el escrito.
El documento califica los hechos como un “ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”.
Además, la denuncia señala que la maniobra habría tenido como objetivo “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.
Como medida cautelar, el Gobierno solicitó la prohibición de difusión, reproducción y circulación de las grabaciones y cualquier otro material vinculado con la operación.
El Ministerio de Seguridad remarcó la gravedad de que las presuntas grabaciones hayan podido realizarse dentro de la Casa Rosada. “La mera posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede del Poder Ejecutivo Federal, o en otros despachos públicos, para provocar este efecto electoral, otorga a la maniobra una gravedad inusitada”, sostiene el escrito.
Por último, la denuncia subraya el carácter estratégico de la difusión de los audios, coincidente con el tramo más álgido de la campaña previa a las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, y los comicios nacionales del 26 de octubre. “El momento elegido, naturalmente, no es casual”, concluye el texto.
