Un grupo de acreedores de deuda argentina volvió a reclamar el cumplimiento del fallo judicial por el denominado “Cupón PBI”, que obliga al país a pagar unos US$1800 millones tras una sentencia firme en tribunales de Londres.
Los bonistas, nucleados en la organización Exchange Bondholder Group, intensificaron su postura luego de que el Gobierno de Javier Milei avanzara en un acuerdo para saldar otras deudas vinculadas al default de 2001. Si bien celebraron ese entendimiento, advirtieron que aún resta resolver este litigio clave.
El caso tiene su origen en la presunta manipulación de datos del INDEC durante el kirchnerismo, lo que habría afectado el cálculo de pagos atados al crecimiento económico. La Justicia británica falló en contra de la Argentina y la sentencia quedó firme en 2024, luego de que la Corte Suprema del Reino Unido rechazara tomar el caso.
Hasta el momento, el país solo desembolsó cerca de US$300 millones como garantía durante el proceso de apelación. Con el fallo ya confirmado, los acreedores buscan avanzar en el cobro efectivo de la deuda.
La presión se da en la antesala de una audiencia clave en Londres, donde los demandantes intentarán ejecutar la sentencia mediante embargos. En ese marco, la Justicia ordenó recientemente restringir movimientos en cuentas vinculadas a la Argentina en el sistema financiero británico.
Desde la Procuración del Tesoro señalaron que el país apelará esa medida y aseguraron que no existen activos significativos en el Reino Unido que puedan ser embargados, más allá de cuentas y bienes diplomáticos, que están protegidos por normativa internacional.
El reclamo también se vincula con el reciente acuerdo que el Ejecutivo envió al Congreso para cancelar deudas con fondos que litigaron por el default de 2001, como parte de una estrategia para normalizar la relación con los mercados financieros.
Los bonistas que impulsan la demanda aseguran que participaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, aceptando fuertes quitas para contribuir a la reestructuración del país. En ese sentido, reclaman ahora un trato equitativo y el cumplimiento de los compromisos pendientes.
El conflicto por el Cupón PBI vuelve así al centro de la escena financiera, en un contexto en el que la Argentina busca recomponer su credibilidad internacional mientras enfrenta nuevos desafíos judiciales en el exterior.
