Luego de la aprobación de la Ley de Glaciares, el gobierno de Javier Milei comenzó a reordenar su estrategia legislativa y a definir cuáles serán los próximos proyectos a impulsar en el Congreso, en medio de diferencias internas sobre el rumbo a seguir.
En la Casa Rosada reconocen que aún no hay una hoja de ruta cerrada y que la decisión final quedará en manos de la mesa política oficialista, que se reunirá en los próximos días para establecer prioridades y tiempos.
Entre los principales proyectos que el Ejecutivo busca activar aparecen la denominada Ley Hojarasca, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el paquete vinculado a la propiedad privada. Estos tres ejes concentran, por ahora, el foco del oficialismo para avanzar en paralelo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Uno de los puntos más sensibles es el acuerdo en materia de patentes, que forma parte del entendimiento comercial con Estados Unidos. Dentro del Gobierno conviven posturas distintas: mientras un sector propone retomar el proyecto que ya obtuvo media sanción en 1998, otros impulsan la redacción de un nuevo texto adaptado al contexto actual.
La alternativa que gana terreno es introducir modificaciones en Diputados y luego devolver el proyecto al Senado para su ratificación. El plazo para avanzar con esta iniciativa es ajustado, ya que la fecha límite fijada es el 30 de abril.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en otros proyectos, aunque sin urgencia inmediata. Entre ellos se encuentra una nueva Ley de Salud Mental y la reforma del Código Penal, ambos todavía en revisión y sin cronograma definido.
También quedaron relegadas otras iniciativas como la Ley de Financiamiento Universitario y una eventual Ley de Emergencia en Discapacidad. En este último caso, desde el oficialismo sostienen que primero deben resolverse los problemas financieros vinculados al sistema del PAMI, que atraviesa tensiones por demoras en los pagos a prestadores.
Por otra parte, el Gobierno avanza en el diseño de una reforma política y electoral que incluiría la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y la incorporación de circunscripciones uninominales, un esquema utilizado en países como Estados Unidos y el Reino Unido.
Mientras tanto, el oficialismo proyecta convocar sesiones durante abril para tratar los temas considerados prioritarios, especialmente los vinculados a propiedad privada y patentes. El resto de la agenda legislativa, en cambio, permanece abierta y sujeta a negociación con aliados en el Congreso.
