La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo este miércoles, con la presentación de su escribana en los tribunales federales de Comodoro Py.
Se trata de Adriana Mónica Nechevenko, quien regresó a sede judicial para aportar documentación ante el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa que analiza presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias del funcionario.
La escribana permaneció durante más de dos horas en los tribunales y, al retirarse, sostuvo que su accionar fue correcto. “Estoy tranquila con mi trabajo. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré”, afirmó ante la prensa.
Nechevenko ya había declarado previamente como testigo en el expediente y fue quien certificó la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que se encuentra bajo análisis judicial.
Según su testimonio, la adquisición se realizó mediante un acuerdo con las propietarias del inmueble para abonar un saldo de 200.000 dólares en el plazo de un año y sin intereses. En ese sentido, negó que se haya tratado de un préstamo de dinero.
“No hubo préstamos en efectivo. Fue una compraventa con hipoteca y saldo de precio”, explicó, al tiempo que rechazó cualquier irregularidad en la operación. También aclaró que no indagó sobre la situación personal de las vendedoras, quienes aparecen vinculadas al expediente.
La causa investiga la compra del inmueble, realizada en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares. La estructura financiera utilizada para concretar la operación es uno de los puntos centrales bajo revisión.
Además, la escribana habría intervenido en otra escritura vinculada a una propiedad a nombre de la esposa del funcionario, lo que amplía el foco de la investigación sobre el patrimonio familiar.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. Entre los puntos señalados, se menciona un crecimiento patrimonial significativo, así como posibles omisiones en la información presentada ante los organismos de control.
La Justicia busca determinar si existe correspondencia entre los bienes declarados y los movimientos financieros del funcionario, en una causa que continúa en etapa de recolección de pruebas.
