La primera audiencia de conciliación obligatoria entre Fate, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y la Secretaría de Trabajo de la Nación terminó sin acuerdo. Tras más de seis horas de negociación virtual, las partes no lograron acercar posiciones y fijaron un nuevo encuentro para el 4 de marzo.
El encuentro fue el primero luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 empleados, una decisión que desató protestas y derivó en la intervención oficial a través de la conciliación obligatoria por 15 días.
Conciliación y suspensión de despidos
La medida dispuesta por la cartera laboral ordena retrotraer la situación al momento previo al conflicto. En la práctica, esto implica que los despidos quedan en suspenso y la empresa debe garantizar tareas en forma normal y habitual mientras dure el proceso administrativo.
Las indemnizaciones previstas tras el anuncio de cierre no llegaron a concretarse debido a la intervención oficial. Desde la compañía señalaron que cumplirán con los términos de la conciliación y que, si la instancia se extiende, la situación continuará bajo las mismas condiciones hasta su resolución.
No obstante, según trascendió, el plan del directorio apunta a retomar actividades de manera gradual durante el período de conciliación, pero mantener la decisión de avanzar con el cierre una vez concluido el procedimiento.
Una crisis que viene desde 2019
El conflicto actual se inscribe en una crisis más profunda. De acuerdo con la empresa, las dificultades comenzaron en 2019, cuando redujo 450 puestos de trabajo. Episodios similares se repitieron en 2021 y 2022.
En julio de 2024, Fate solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Gobierno de Javier Milei, tras una fuerte caída de ventas y la pérdida de mercados externos luego del conflicto sindical de 2022.
La compañía argumenta que enfrenta una combinación de factores adversos: caída de la demanda interna —estimada en torno al 30%—, incremento de importaciones, pérdida de competitividad, altos costos laborales e impositivos y dificultades vinculadas a insumos importados. Según informó, en el primer semestre de 2024 registró pérdidas superiores a los US$30 millones.
Escalada del conflicto
La tensión aumentó tras el anuncio del cierre. Trabajadores realizaron protestas dentro y fuera de la planta de San Fernando, e incluso hubo manifestaciones en los techos del establecimiento. Posteriormente, la Justicia ordenó el desalojo de las instalaciones.
El próximo 4 de marzo será una fecha clave para determinar si existe margen para una salida negociada o si el conflicto avanza hacia un escenario de mayor confrontación en uno de los sectores industriales más sensibles.
