La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió movilizarse el próximo miércoles frente al Congreso Nacional para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno, aunque descartó convocar a un paro general. La protesta comenzará desde el mediodía y coincidirá con el inicio del debate del proyecto en el Senado.
La decisión fue adoptada este jueves por el Consejo Directivo de la central obrera, reunido en la sede de Azopardo, en un clima de tensiones internas y sin consenso suficiente para avanzar con una medida de fuerza de alcance nacional.
De este modo, la CGT volverá a ocupar el espacio público como herramienta de presión política, pero sin acompañar la movilización con un paro general. Según lo resuelto, cada sindicato quedará habilitado a disponer ceses de actividades parciales para facilitar la participación de los trabajadores en la concentración.
El debate interno dejó al descubierto la fractura que atraviesa la conducción cegetista. Por un lado, el sector dialoguista —integrado por los llamados “Gordos” e “Independientes”— defendió la necesidad de mantener abiertos los canales de negociación política para intentar introducir modificaciones al proyecto oficial.
Ese espacio, representado por dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez, viene impulsando contactos con gobernadores y senadores con el objetivo de atenuar el impacto de la reforma sobre los derechos laborales y colectivos.
En contraposición, los sectores más combativos reclamaron endurecer la respuesta sindical. Los gremios del transporte, nucleados en la CATT, propusieron avanzar con un paro de 12 horas el mismo día de la movilización e incluso se planteó la posibilidad de una medida de fuerza de 48 horas, iniciativas que no lograron respaldo mayoritario.
También hubo dirigentes que exigieron que la CGT avale formalmente un cese de actividades y que la movilización frente al Congreso marque el inicio de un plan de lucha escalonado contra la reforma.
La discusión se dio en un contexto de creciente presión política, luego de que el Gobierno enviara el proyecto al Senado. En las últimas semanas, la CGT combinó gestiones políticas con advertencias públicas, en un delicado equilibrio entre confrontación y negociación. La llegada del debate al recinto aceleró los tiempos y obligó a una definición.
En ese marco, dirigentes sindicales mantuvieron contactos con gobernadores del peronismo que expresaron reparos frente a la iniciativa oficial y alertaron sobre un posible impacto negativo en las condiciones laborales. Sin embargo, esos respaldos no fueron homogéneos y varios encuentros quedaron condicionados por las negociaciones paralelas que las provincias mantienen con la Casa Rosada, especialmente por el capítulo tributario del proyecto.
