El gobierno de la provincia de Buenos Aires aplicará una alícuota del 9% de Ingresos Brutos a los bancos que operen con bonos u otros instrumentos emitidos por el Gobierno nacional. La medida forma parte de la modificación del Código Fiscal enviada por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura, que ya obtuvo dictamen en comisión y se espera que sea tratada en ambas cámaras en la jornada de hoy.
La reforma implica eliminar la exención prevista en el artículo 207, inciso c), del Código Fiscal, que históricamente perdonaba el pago de este impuesto para todas las operaciones realizadas sobre títulos públicos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, así como las rentas generadas por esos instrumentos.
Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo bonaerense incorpora una salvedad: los bancos no estarán exentos cuando operen instrumentos emitidos por la Nación, aunque sí conservarán el beneficio cuando se trate de títulos de provincias o municipios. La excepción no alcanza a agentes de bolsa ni a otros intermediarios financieros.
Un nuevo foco de presión tributaria
Con este cambio, la provincia restablece la carga impositiva exclusivamente sobre las operaciones bancarias con instrumentos emitidos por el Ministerio de Economía nacional, algo que para el sistema financiero tendrá un impacto considerable. Según estimaciones del sector, esta decisión podría provocar un aumento del 30% al 40% en los pagos de Ingresos Brutos que los bancos realizan a la Provincia.
La relevancia del cambio no es menor: para los principales bancos del país, Buenos Aires representa aproximadamente un tercio del total que abonan por este impuesto. Además, la alícuota del 9% es la más alta permitida para actividades financieras y es compartida por provincias como Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, Chubut, Catamarca y La Rioja.
Críticas de la oposición y tensiones legislativas
El bloque bonaerense del PRO anticipó su rechazo. Su titular, Matías Ranzini, sostuvo en redes sociales que el oficialismo “quiere recaudar más a costa de encarecer el financiamiento del sector privado”, y advirtió que la medida podría profundizar los costos para quienes buscan invertir.
El proyecto se debatirá junto con la Ley Impositiva 2026, el Presupuesto provincial, y la autorización para tomar nueva deuda por hasta USD 3.000 millones. Para aprobar los cambios impositivos, el oficialismo requiere mayoría simple, pero para la toma de deuda necesitará dos tercios de los legisladores presentes.
Reclamos empresariales por la presión fiscal
La Ley Impositiva ya arrastraba cuestionamientos de sectores industriales y pymes, que reclaman una actualización de la base no imponible de Ingresos Brutos. Durante los últimos dos años, la falta de aprobación legislativa impidió ajustar ese monto, lo que provocó que muchas pymes quedaran alcanzadas por el impuesto pese a que su facturación real no creció.
De acuerdo con un comunicado conjunto de ADIBA, CEPBA, FEBA y la UIPBA, la base debería elevarse a $4.600 millones, según la inflación acumulada desde la última actualización de 2023.
Las entidades también señalan la necesidad de revisar alícuotas para las industrias de papel y cartón y la cervecera, que consideran desproporcionadas frente al promedio del sector manufacturero. En especial, advierten que el cartón —insumo transversal para múltiples cadenas de valor— tributa 3%, el doble del promedio industrial, lo que encarece costos en rubros como alimentos, bebidas, farmacéutica, química y autopartes.
