El juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, acusado de haber colaborado con la huida de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, en medio de los allanamientos realizados por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según el fiscal Franco Picardi, De Vicentis “colaboró activamente” para que Kovalivker escapara en el marco de los procedimientos ordenados a partir de los audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. La resolución judicial también dispuso un embargo de $2 millones sobre los bienes del jefe de seguridad.
En su fallo, Casanello consideró a De Vicentis responsable de los delitos de “desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento”. Además, declaró la incompetencia de su juzgado para continuar con la investigación y remitió el expediente a un tribunal con jurisdicción en la localidad donde se encuentra el country.
Un allanamiento con obstáculos
El magistrado fundamentó su decisión al señalar que la Policía enfrentó “serias dificultades” durante los operativos en Nordelta. De acuerdo con el testimonio del comisario Lucas Alberetti, jefe de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, al llegar al barrio privado solicitó la colaboración de un vigilador, Hugo Martín Bogarín, para identificar el domicilio de Kovalivker.
En ese contexto, Bogarín recibió una llamada de una persona que se presentó como supervisor de seguridad del barrio, quien le exigió explicaciones sobre el procedimiento. “Durante el intercambio, el oficial de policía interrumpió la conversación a fin de evitar que se brindara información sensible que pudiera afectar el éxito de la medida, advirtiendo ofuscación en la persona del otro lado de la línea”, señaló Casanello en el procesamiento.
Pocos minutos después, un Audi S3 conducido por Kovalivker abandonó el barrio cerrado. Según el juez, tras ese episodio arribaron cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense, convocados desde el área de seguridad de Nordelta bajo el argumento de que “personas no identificadas pretendían realizar un procedimiento sin orden judicial”. Una vez corroborada la legalidad de la medida, los efectivos bonaerenses se retiraron.
Al ingresar a la vivienda del empresario, los investigadores detectaron indicios de que los ocupantes habían sido alertados previamente.
Un modus operandi de obstrucción
Casanello destacó que las conversaciones halladas en el teléfono de De Vicentis constituyen “prueba inobjetable” de la maniobra. Según el juez, esos intercambios revelan “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”.
En su resolución, el magistrado detalló: “Todo debía pasar previamente por el área de Legales, como si se tratara de una suerte de exhorto interjurisdiccional”. Y concluyó que se trató de un “procedimiento obstructivo, cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa”.
