Entre sus principales puntos, los proyectos apuntan a reducir los costos que deben enfrentar los inquilinos para ingresar a una vivienda y buscan establecer una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), además de amplíar los tipos de garantías y la extensión de dos a tres años los contratos de alquiler para locaciones destinadas a vivienda.
El camino
En noviembre de 2016 el Senado había dado media sanción por unanimidad a una iniciativa de la kirchnerista Silvina García Larraburu (PJ-FpV), proyecto que no logró consensos para avanzar en Diputados durante 2017.
En tanto, en 2018 la Cámara baja retomó el debate y finalmente en octubre logró dictamen de comisiones a partir de un texto consensuado, que, sin embargo, no llegó al recinto y tampoco fue incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias de ese año, con lo cual perdió estado parlamentario.
