El bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) intensifica la presión sobre el Gobierno de Javier Milei en la Cámara Alta. La bancada que conduce José Mayans prepara una sesión para convertir en ley el financiamiento a las universidades nacionales y la declaración de emergencia sanitaria pediátrica, que incrementa los fondos para el Hospital Garrahan. Además, impulsa la derogación de cinco decretos de legislación delegada que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo.
Mayans aspiraba a sesionar este jueves, pero los cierres de listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre ponen en duda la presencia de los 37 senadores necesarios para alcanzar el quórum reglamentario. Entre las alternativas, se baraja una autoconvocatoria legislativa, como la del 10 de julio pasado, cuando se aprobaron cambios en la coparticipación impulsados por los gobernadores. En caso de no lograr los números, UxP buscará avanzar en el tratamiento de los proyectos en comisiones.
“Esta semana, de acuerdo con lo que nos informaron desde el bloque, no habrá sesión, como se pensó al comienzo. Pero será la semana próxima cuando tengamos toda la documentación de Diputados y podamos hacer una sesión donde ratifiquemos estas resoluciones de la Cámara Baja”, confirmó a TN la senadora Florencia López, tras participar de un homenaje al artista riojano Alfredo Narváez.
Uno de los decretos que UxP pretende derogar es el 345/25, que reestructura organismos culturales. “Vemos a un Gobierno nacional que ha restringido los aportes a la cultura, por eso vamos a apoyar la iniciativa de Diputados y daremos de baja este decreto que pone un límite y que recorta todo el financiamiento a la cultura del país”, señaló López.
Desde Convicción Federal, el senador Fernando Rejal manifestó su respaldo a las iniciativas: “Son fundamentales para reconocer los derechos de gran parte de la ciudadanía que han sido privados, y son los más sensibles: nuestros discapacitados, los jubilados, los enfermos”.
Proyectos en disputa
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó doce proyectos contrarios a la postura del oficialismo. Entre ellos, además de los de financiamiento universitario y para el Garrahan, figuran los decretos 462/25 (reestructuración del INTI y el INTA), 351/25 (quita de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos), 340/25 (régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional), 461/25 (disolución de Vialidad) y 345/25 (reestructuración de organismos culturales).
En el Senado, UxP busca convocar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Salud y Educación. La presidencia de Presupuesto está en manos del libertario Ezequiel Atauche, mientras que las de Educación y Salud son conducidas por Eduardo “Wado” de Pedro y Lucía Corpacci, respectivamente. El tratamiento de los proyectos cuenta con el apoyo de senadores radicales como Martín Lousteau y Pablo Blanco, y podría sumar el voto de Guadalupe Tagliaferri, junto al exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
Cruces con el oficialismo
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA), criticó la postura opositora: “Es momento de que se aplique el viejo paradigma que ellos mismos siempre usaron, el que gana gobierna y el que pierde, acompaña”. Y agregó: “Que nos quieran vulnerar nuestro paradigma del equilibrio fiscal para así bajar para siempre la inflación, solamente se entiende con el ánimo de la ventaja política en contra de la patria y a favor de los pocos que puedan beneficiarse en ese relato, que para mí, es totalmente mentiroso. Por eso lo banco a Javier (Milei)”.
En la misma línea, Francisco Paoltroni, del monobloque Libertad, Trabajo y Progreso, advirtió: “No voy a convalidar cualquier intento del kirchnerismo de desestabilizar política y económicamente al Gobierno, por más que se escuden en causas nobles. Lo que hacen es aplicar el manual que aplicaron toda la vida: en momentos de debilidad, tratar de generar un caos, sobre todo en la economía. Por eso no voy a estar nunca parado en ese lugar”.
Si UxP logra esta semana las convocatorias de comisión, los proyectos podrían obtener dictamen y llegar al recinto en un plazo de siete días. De no prosperar, la oposición deberá postergar sus planes de derogar los decretos de Milei y de aprobar leyes que, en caso de avanzar, podrían enfrentar nuevos vetos desde la Casa Rosada.