La normativa tiene puntos en común con el proyecto de Alberto Fernández que aprobó el Congreso nacional, y permite al Ejecutivo a redireccionar partidas y renegociar o rescindir contratos firmados.
El texto declara las emergencias en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; seguridad pública; política y salud penitenciaria, y administrativa y tecnológica. De esta manera, busca crear herramientas y asumir facultades para la «prestación de servicios y ejecución de contratos» en los tres poderes y en las distintas dependencias del sector público.
Uno de los puntos que introduce el proyecto de ley es la autorización al Poder Ejecutivo para renegociar o rescindir contratos. Esto incluye convenios por la ejecución de obras públicas, compras de bienes y la prestación de servicios en la provincia. Según las autoridades, esta facultad comprende «la existencia de múltiples contratos en suspenso» firmados en gestiones anteriores.
Inicialmente, la vigencia de la declaración de las emergencias era por dos años, con la facultad del Ejecutivo a extenderlas por única vez por otros dos años. Finalmente, la Legislatura aprobó que se extienda inicialmente por 2020.
Al igual que en la administración nacional, la renegociación de la deuda aparece como uno de los temas más desafiantes para la gestión de Kicillof. En ese contexto, el proyecto de ley de Emergencia faculta al Ejecutivo a «llevar adelante las gestiones y actos necesarios» para «recuperar y asegurar la sostenibilidad» de la deuda pública.
Según este esquema, la agencia de recaudación bonaerense (ARBA) abrirá un registro para micro empresas y pymes con obligaciones impagas ante el ente recaudador al 31 de diciembre, y obligará a quienes se acojan a la moratoria a mantener su dotación de personal. El esquema ofrece alternativas de pago al contado, en tres cuotas sin interés y en un plazo de 10 años (120 cuotas).
En materia de servicios públicos, se replica el congelamiento tarifario para el transporte público y los montos de transporte y distribución de energía eléctrica por 180 días a partir de enero, con la posibilidad de ser prorrogado discrecionalmente «mientras se mantenga el estado de emergencia». En el día de su asunción, el gobernador Kicillof anunció que dejaba sin efecto un aumento del 25% en la tarifa de la luz a partir del primer mes de 2020, que ya había sido autorizado por su antecesora, María Eugenia Vidal.
En ese plazo, además, el gobierno provincial deberá presentar un proceso de renegociación tarifaria con las empresas concesionarias, que tendrá en cuenta costos, gastos e inversiones de las empresas del sector. Esta decisión se suma a lo dispuesto por el gobierno nacional, que suspendió el traspaso de Edenor y Edesur a las administraciones de la ciudad de Buenos Aires y la provincia que había decidido la administración anterior. En aquel momento, la gestión de Vidal había estimado que asumir esa responsabilidad, entre los subsidios y el ente regulador, implicaría una erogación de $25.000 millones.
En materia de gastos provinciales, la decisión de Kicillof, en línea con lo decidido por Fernández en la Nación, fue prescindir de una ley de Presupuesto propia para 2020. En ese sentido, dispuso prorrogar el presupuesto 2019, que renueva los créditos, la distribución de recursos y las estimaciones de ingresos establecidas para este año en toda la administración. En ese contexto, además, la ley de emergencia faculta al Ministerio de Hacienda provincial a redireccionar partidas y realizar «adecuaciones presupuestarias» discrecionales.
