La Legislatura porteña aprobó este jueves en forma definitiva una ley para destrabar la licitación del servicio de grúas.

El proceso está frenado por un recurso de amparo otorgado por la Justicia porteña, y con esta norma se busca corregir las objeciones de esa presentación.

La ley fue sancionada con 32 votos a favor, del oficialismo, y 24 en contra, de todo el arco opositor.

El servicio de acarreo de autos mal estacionados tiene su contrato vencido desde fines de 2001. Las empresas STO y SEC siguen trabajando con prórrogas y la nueva ley ahora les concede otra por seis meses, con el objetivo de que mientras se resuelva la licitación. Si eso no sucede, el Ejecutivo deberá hacerse cargo del servicio.

Insólitamente, en 17 años nunca se pudo concretar una nueva licitación. Mientras tanto, las grúas acumulan quejas de vecinos, que denuncian que las concesionarias sólo buscan recaudar y que dañan a los vehículos al trasladarlos.

gruas

Uno de los principales motivos por los cuales esa renovación nunca se logró fueron las constantes trabas judiciales presentadas por distintos actores. La última, un recurso de amparo que impulsó Gustavo Desplats, quien fuera asesor del ex legislador Gustavo Vera, vinculado con el Papa Francisco. Ese reclamo fue aceptado en junio por Francisco Ferrer, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 23. Luego el Gobierno porteño apeló.

Según Desplats, la ley N° 5.728, sancionada en 2016 y que habilitó el proceso licitatorio, estuvo mal aprobada. Concretamente, afirmó que, de acuerdo al pliego de licitación, la Ciudad terminaría cediendo terrenos públicos a las empresas que ganaran la concesión para que monten las playas de acarreo. Como esto implicaba una entrega de patrimonio público, debía ser votado por 40 de los 60 legisladores. Pero la ley fue aprobada por 33 diputados, del PRO y la Coalición Cívica.

Además, de las 11 playas de acarreo incluidas en el pliego, dos están catalogadas como “urbanización parque”, y por lo tanto sólo podrían destinarse a espacios verdes. Se trata del predio de Guzmán entre Corrientes y Jorge Newbery, en Chacarita; y el que queda en Colegiales, entre Conesa, Concepción Arenal, Zapiola y Matienzo.

Según explicaron fuentes de la Legislatura a Clarín, la norma aprobada este jueves pretende corregir esos puntos. Por ejemplo, especifica que no se entregará la propiedad de los terrenos sino que sólo habrá una cesión para usarlos como playas de acarreo mientras dure el contrato con la empresa que resulte ganadora. También cambiaron la zonificación de los dos predios cuestionados.

La ley había sido aprobada en primera lectura a fines de agosto. Después fue debatida en audiencia pública y, este jueves, volvió al recinto para su sanción definitiva.