El acuerdo implica no recurrir ante un conflicto a medidas de fuerza espontáneas, sin antes llevar adelante una negociación entre las partes.
La tregua firmada entre la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) y la empresa Metrovías a instancias del Gobierno porteño profundizó una grieta existente entre los metrodelegados. Una interna en que, según detalló Clarín, hay dos bandos bien diferenciados: la conducción kirchnerista del gremio y el ala de izquierda, que acusa a la primera de haber suscrito un acta sin consultarle a los trabajadores, aceptando graves restricciones al derecho a huelga.
Después de cuatro meses de un conflicto que incluyó numerosos paros, el acta fue firmada el jueves por Roberto Pianelli y Néstor Segovia, los líderes de la AGTSyP, con los representantes de Metrovías, frente al subsecretario de Trabajo del Gobierno porteño, Ezequiel Jarvis.
Los metrodelegados que históricamente respondieron al kirchnerismo aceptaron una serie de límites a las protestas. «La AGTSyP se compromete a no adoptar medidas de acción directa ante cualquier conflicto que se pueda suscitar o se genere, sin el previo procedimiento que a continuación se indica», establece el convenio firmado.
¿En qué consiste ese procedimiento? Si aparece un conflicto, se abrirá una negociación que durará 15 días y en la que las partes estarán obligadas a participar para buscar una solución. Si en ese lapso no se llega a un acuerdo, «en forma previa a tomar cualquier medida de fuerza, la representación sindical deberá preavisar en forma fehaciente con una antelación no menor a cinco días la medida a adoptar», establece el acuerdo.
Además, los delegados gremiales deberán evitar «que la circulación de los trenes se vea impedida por obstaculización en las vías, andenes o cabinas». De esta manera, la empresa y Sbase podrán ofrecer un servicio de emergencia.
Para los metrodelegados de izquierda, haber firmado esa acta es prácticamente una traición a los trabajadores. «El sindicato asume una serie de compromisos, como que no se pueden hacer medidas de acción directa en forma espontánea. Tenés que cumplir 15 días de negociaciones y avisar con 5 días de anticipación. Y no podés ocupar andenes ni cortar vías ni permanecer en la cabina de los trenes. Todo lo que usamos para conseguir lo que logramos en los últimos 23 años, no lo vamos a poder hacer. Hasta diciembre de 2019 no vamos a poder parar el servicio. El personal eventual fuera de convenio va a poder sacar los trenes para dar un servicio mínimo durante las huelgas», resume Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B y militante del Frente de Izquierda.
El gremialista subraya que el acta se firmó sin consultar a los trabajadores. Y asegura que, en la línea B, la mayor parte la rechaza.
También el jueves, se firmó un nuevo acuerdo paritario con un aumento salarial del 25,5% más $ 4.000 de suma fija, en lugar del 15% original. Lo pagarán en tramos: un 5,7% correspondiente a marzo y el 3,6% de julio (que se pagarán retroactivamente), más un 10,2% en octubre y un 6% en diciembre. A esto se le agregan los $ 4.000.
Este acuerdo también es rechazado por los metrodelegados de izquierda: «Estas condiciones salariales no difieren mucho con lo que quería el Gobierno y lo que firmó la UTA. Como el aumento es en cuatro tramos, anualizado es del 18%. Estamos lejos de las necesidades de recomponer el poder adquisitivo. Y no movimos una coma de lo que pretendía el Ejecutivo», dice Dellecarbonara.
El delegado de la línea B acusa al kirchnerismo, al que responden Segovia y Pianelli, de ser «cómplice y colaboracionista» del Gobierno. Y señala que el peronismo, incluido el kirchnerismo, «le votó 122 leyes a Macri y los ajustes son posibles gracias a esos votos».