El reclamo en el Hospital Garrahan volvió a ganar las calles. Desde las 7 de la mañana, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y otros sectores del equipo de salud llevan adelante un paro de 24 horas, en rechazo a la postergación de la Ley de Emergencia Pediátrica, que si bien fue promulgada por el Gobierno en las últimas horas, quedó sin efecto inmediato por falta de recursos asignados.
El Ejecutivo publicó los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial, que oficializan las leyes 27.795 (de financiamiento universitario) y 27.796 (de emergencia pediátrica). Sin embargo, aclaró que su implementación dependerá de la aprobación del Presupuesto 2026, ya que el Ministerio de Economía todavía no definió el origen de los fondos.
Esta decisión generó una fuerte reacción entre trabajadores de la salud, universidades y el sector de discapacidad, que esta tarde —desde las 16— marcharán juntos hacia Plaza de Mayo para exigir la aplicación inmediata de las tres leyes. “No alcanza con promulgar, necesitamos que se ejecuten los recursos. Los hospitales están al límite”, advirtió una delegada de APyT.
Ley de financiamiento universitario: una promesa condicionada
La Ley 27.795 apunta a garantizar el sostenimiento de la educación universitaria pública. Establece una actualización automática de los presupuestos según la inflación del INDEC, la recomposición salarial de docentes y no docentes con carácter remunerativo, la convocatoria a paritarias nacionales con revisión mensual y el fortalecimiento de programas de becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la aplicación quedó supeditada a que el Congreso defina cómo financiar esos gastos adicionales. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que las universidades “no pueden seguir funcionando sin previsibilidad presupuestaria”, mientras los gremios docentes reclaman la inmediata apertura de la paritaria.
Emergencia pediátrica: una ley aprobada, pero sin ejecución
Por su parte, la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año y busca garantizar el acceso a servicios de salud infantil, sostener los hospitales de referencia y recomponer los salarios de residentes y profesionales. También prioriza recursos para áreas críticas como neonatología, oncología pediátrica, trasplantes y cirugía cardíaca infantil.
No obstante, el decreto 760/2025 suspendió su aplicación hasta que se asignen partidas específicas en el Presupuesto Nacional. Según fuentes oficiales, la situación financiera del Ministerio de Salud “no permite ejecutar nuevas erogaciones sin comprometer otros programas esenciales”.
El Garrahan, símbolo del reclamo sanitario
El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país, se transformó en el epicentro del conflicto. Los trabajadores denuncian salarios depreciados, falta de insumos y sobrecarga laboral. “Las leyes no pueden quedar en pausa mientras los chicos esperan atención”, señaló una médica del servicio de emergencias.
La movilización de esta tarde promete ser multitudinaria, con columnas de trabajadores del Garrahan, representantes universitarios y familiares de pacientes del área de discapacidad. Todos comparten un mismo pedido: que las leyes promulgadas dejen de ser letra muerta y se conviertan en políticas efectivas de salud y educación pública.
“Promulgar sin presupuesto es prometer sin cumplir”, resumió un delegado sindical. Mientras tanto, el Garrahan volvió a parar, reflejando el malestar creciente de un sistema de salud que sigue esperando respuestas concretas.
