La Justicia analiza si Ariel García Furfaro presentó documentación adulterada para importar el opioide. El laboratorio está bajo la lupa por el fentanilo contaminado que causó al menos 68 muertes.
El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció penalmente a Ariel García Furfaro, titular de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo SA, por presunta falsificación de un certificado municipal que habría sido utilizado para gestionar la habilitación para importar fentanilo.
La denuncia fue presentada ante el juzgado federal de Sebastián Casanello, luego de que se detectara que un documento entregado al Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) dependiente del Ministerio de Seguridad— no fue emitido por la Municipalidad de San Isidro, como había declarado la empresa.
Según consta en el expediente, la gestión del trámite fue realizada en 2024 por Olga Luisa Arena, de 90 años, abuela de García Furfaro y apoderada de la firma. El municipio confirmó que el laboratorio nunca solicitó ni obtuvo una constancia de habilitación para importar drogas controladas y que el permiso local fue revocado por ser precario.
La presentación del documento presuntamente falso podría configurar delitos previstos en la Ley de Estupefacientes (23.737), particularmente en sus artículos 44 y 44 bis, que establecen penas de hasta seis años de prisión para quienes adulteren documentación vinculada con sustancias controladas.
Esta denuncia se suma a la causa principal que investiga el uso de fentanilo contaminado con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, producto que habría causado la muerte de al menos 68 pacientes en clínicas de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba. Por ese expediente, el juez Ernesto Kreplak ya dictó la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para 24 personas, incluido García Furfaro.
La constancia cuestionada fue presentada en diciembre de 2023 como parte de una solicitud para importar citrato de fentanilo. Sin embargo, al constatar la posible irregularidad, el Ministerio de Seguridad se comunicó con el municipio, que negó rotundamente haber emitido ese certificado y aseguró que no recibió ningún pedido oficial en esa fecha.
Mientras tanto, continúa la investigación judicial por las muertes vinculadas al opioide. La ANMAT prohibió el producto mediante la disposición 3156/2025, y los laboratorios fueron allanados dos veces por orden del juez Kreplak.
Será ahora el juez Casanello quien deberá decidir si corresponde imputar penalmente a los responsables de la empresa en esta nueva causa, paralela a la que investiga la distribución del fentanilo letal.
