En respuesta a la presion que pone el gobierno para acordar precios, las empresas alimenticias salieron a advertir que «acatar una imposición gubernamental no es un acuerdo voluntario en materia de precios».
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, que representa a 14.500 empresas dijo que «entiende que la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial»
El acuerdo de precios, incentivado por el jefe de Aduana, Guillermo Michel prevé un ajuste mensual de 5% hasta el 31 de octubre. Pero pone como condición que las empresas deben dejar por escrito su compromiso frente a los aumentos pactados.
Sin embargo, Michel, ofreció recortes fiscales y una fuerte rebaja en el impuesto País, de 7,5% que les rige cuando acceden a los dólares oficiales para poder importar. Sin embargo, las empresas dicen que ese impuesto no incide demasiado en sus costos: entre 1,5 y 4,5%.
La COPAL, dirigido por Daniel Funes de Rioja, explicó: «a pesar de que la Industria de Alimentos y Bebidas ha demostrado siempre un firme compromiso al participar en distintos programas de gobierno y acuerdos voluntarios, tales como Precios Cuidados y ahora Precios Justos, la renovación del Programa bajo las condiciones pretendidas y sin mediar un espacio de intercambio no es viable».
