Mario Villar, fiscal de la Cámara de Casación Penal, solicitó que la exmandataria Cristina Kirchner continúe en detención domiciliaria, aunque modifique el lugar donde cumple la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad, que es su departamento en Constitución. Villar sostuvo que la presencia de la líder en el vecindario provoca tumultos y incomodidades en la zona y propuso que por ello debería modificar el lugar en el que cumple la sentencia.
Villar anuló la solicitud de los fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola, para que la exmandataria cumpliera su sentencia en cárcel. El veredicto se reveló antes de la audiencia del tribunal penal supremo acerca de las condiciones del detención domiciliaria de la exmandataria.
Carlos Beraldi, el letrado de Cristina Kirchner, se resistió a la petición de Villar de modificar el domicilio donde su defensa cumple con la cárcel domiciliaria. Además, Beraldi exigió que la exmandataria no tenga limitaciones en las visitas y que se le retire la tobillera electrónica.
La defensa de la exmandataria pone en duda la resolución del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de restringir el acceso a la propiedad únicamente para los familiares de la exmandataria, abogados y doctores, sin la necesidad de solicitar autorización judicial.
La audiencia se realizó en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, bajo la dirección de Mariano Borinsky, y con la participación de Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña también como miembros. Los jueces examinan los argumentos de la defensa de la exmandataria en contra de las limitaciones a sus visitas durante su detención domiciliaria en San José 1111, además de la apelación de los fiscales a la domiciliaria de la exmandataria. Tienen un plazo de cinco días hábiles para resolver.
Los letrados de Cristina Kirchner, Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que los magistrados del TOF 2 pasaron por alto que la exmandataria debe mantener frecuentes reuniones con los expertos en contabilidad que la asisten, así como con los tutores responsables de los asuntos administrativos que deben gestionarse de manera cotidiana en su representación.
Los fiscales federales, Luciani y Mola, apelaron el arresto domiciliario de la expresidenta por la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad y pidieron que vaya a una cárcel. Argumentaron que la domiciliaria “es un privilegio” y que “hay falta de igualdad ante la ley”.
Los fiscales plantearon: “Este Ministerio Público, como titular de la acción pública, tiene un interés en que las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto. Además, cabe agregar que existe un gravamen concreto y actual que bien puede considerarse de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior”.
Luciani y Mola consideraron que “no se verifican las causales” de la prisión domiciliaria de la expresidenta, medida que la dirigente cumple en su departamento en Constitución: “Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”.
Mencionaron que “a partir del análisis de las constancias agregadas al expediente y de la presentación analizada” determinaron que “no se advertían las razones humanitarias que justificaran conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”. Explicaron que “no se encontraban configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad” les permitieran “inferir que el encierro carcelario podía afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Indicaron, además, que en el informe socioambiental del 12 de junio pasado consignaron que la expresidenta dijo que estaba “en un buen estado de salud general” y que con esa información entendieron que “la defensa no había demostrado -ni se advertía- que la privación de libertad en el establecimiento carcelario supusiera, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal” de la dirigente.
