La defensa de Jesica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que se la observa manipulando fajos de dólares no sea incorporado como prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El planteo fue presentado por su abogado, quien argumentó que el material fue obtenido a través de una extorsión y mediante un acceso ilegítimo al teléfono celular de la modelo, por lo que consideró que carece de validez probatoria.
La presentación se produjo mientras el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, continúa impulsando nuevas medidas de prueba en la causa. Entre ellas, un allanamiento realizado el lunes en la vivienda de Nordelta que Cirio compartía con su expareja, Elías Piccirillo.
Ese procedimiento había sido solicitado por el fiscal Sergio Mola con el objetivo de inspeccionar el vestidor de la propiedad y establecer si coincidía con el ambiente que aparece en el video difundido públicamente. Actualmente, la casa está alquilada a un productor agropecuario y su esposa, quienes exhibieron el contrato de locación firmado con Piccirillo.
Tras realizar mediciones y registros fotográficos, los investigadores concluyeron que las imágenes no fueron grabadas en esa vivienda de Nordelta. A partir de ese resultado, la investigación volvió a centrarse en la casa ubicada en Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
En paralelo, el magistrado ordenó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realice un peritaje técnico sobre el video, cuyo archivo fue aportado por el diario La Nación y no fue extraído del celular de la modelo.
El objetivo de la pericia es determinar la autenticidad de las imágenes, luego de que Cirio afirmara que el contenido podría haber sido manipulado e incluso generado o alterado mediante inteligencia artificial. Además, los especialistas intentarán establecer la fecha de grabación y reconstruir el contexto en el que se registró el video.
La causa también incorporó nuevas diligencias en la vivienda de San Vicente. El juez citó a declarar a los policías que participaron del último allanamiento y a las empleadas domésticas que trabajaban en la propiedad.
Asimismo, la Justicia secuestró el libro de guardias del barrio privado para analizar los ingresos registrados en los últimos años y determinar quiénes accedieron al inmueble. También buscará establecer si se realizaron reformas en el vestidor que aparece en las imágenes, como trabajos de albañilería o carpintería.
