Este martes 14 de octubre rige en todo el país un paro docente nacional convocado por CTERA, en reclamo de mayor financiamiento educativo, convocatoria a la paritaria nacional y restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La medida, que se extenderá por 24 horas, se realiza bajo la consigna “La escuela enseña y construye esperanza” y contará con una movilización al Congreso de la Nación desde las 10 de la mañana.
El gremio que lidera Sonia Alesso fundamentó la protesta en la falta de respuesta del Gobierno nacional a los reclamos salariales y presupuestarios del sector. Según CTERA, la administración del presidente Javier Milei no solo mantiene congeladas las negociaciones paritarias, sino que además suprimió fondos esenciales para el sistema educativo, como el FONID, y presentó un Presupuesto 2026 que recorta recursos y elimina la obligación estatal de destinar el 6% del PBI a educación, establecida por la Ley 26.206.
En este contexto, los gremios advierten que el ajuste fiscal y la reducción de partidas presupuestarias están deteriorando las condiciones laborales, salariales y edilicias del sistema educativo. “Frente al ajuste, los recortes y el desfinanciamiento, reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la escuela pública, gratuita y de calidad”, expresó CTERA en un comunicado oficial.
La jornada de protesta cuenta con la adhesión de todos los gremios docentes provinciales y universitarios, incluyendo SUTEBA, UDOCBA, FEB, AMSAFE, ATEN, ATEP, UEPC, SUTE y UNTER, entre otros. En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense participa activamente de la medida, mientras que en el resto del país se prevén marchas, concentraciones y actos frente a los ministerios de Educación locales.
Entre los principales reclamos, CTERA exige:
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Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
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La restitución del FONID y el pago de sumas adeudadas.
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La convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente.
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Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.
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Mejoras salariales, laborales y previsionales para el sector.
El conflicto se da en un contexto político y económico de alta tensión, donde los sindicatos advierten que la pérdida del poder adquisitivo docente y el deterioro de las escuelas públicas afectan directamente la calidad educativa. En tanto, el Gobierno sostiene que las restricciones fiscales son necesarias para mantener el equilibrio presupuestario.
Con esta medida, la educación vuelve a ocupar el centro del debate nacional, poniendo de manifiesto la tensión entre el ajuste económico y la defensa del sistema público. Las movilizaciones frente al Congreso buscan visibilizar un reclamo histórico: que la educación sea una prioridad de Estado y no una variable de ajuste.
