El presidente Javier Milei encabezó este jueves un acto en el Complejo Penitenciario de Ezeiza junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para anunciar la reforma integral del Código Penal que será enviada al Congreso.
“El orden es una precondición para volver a hacer grande a la Argentina. Por eso necesitamos tolerancia cero: el que las hace, las paga”, afirmó el mandatario al iniciar su discurso. Luego agregó: “Hay que tener penas más duras, que se apliquen rápidamente, y que los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel, para que los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad”.
El mensaje presidencial
Milei sostuvo que la sociedad le reclamó terminar con la inseguridad y repasó medidas ya tomadas: “Dentro de la ley terminamos con los piquetes, fuimos contra el narcotráfico, reequipamos a las fuerzas y bajamos la tasa de homicidios a nivel nacional”.
En esa línea, criticó lo que llamó “años de garantismo” que, según él, “ataron las manos a las fuerzas, jueces y fiscales, mientras los delincuentes tenían vía libre”.
El presidente subrayó que la aprobación de esta reforma depende del Congreso: “El país necesita diputados y senadores que se pongan del lado de las víctimas. Si aprobamos esta reforma, la seguridad va a cambiar en serio”.
Qué propone el nuevo Código Penal
El proyecto se estructura en torno a la idea de “tolerancia cero” y busca un endurecimiento generalizado de penas, eliminación de beneficios a condenados y la implementación del sistema acusatorio para acelerar los juicios.
Algunos de los cambios más relevantes son:
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Homicidio simple: pasa de 8-25 años a 10-30 años.
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Homicidio agravado: mantiene la perpetua e incorpora nuevas circunstancias agravantes (víctimas menores, adultos mayores, funcionarios o delitos en lugares concurridos).
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Lesiones leves: de 1 mes-1 año a 1-3 años.
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Lesiones por conducción imprudente: hasta 6 años de cárcel.
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Abuso de armas: disparar sin herir puede dar hasta 6 años.
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Omisión de auxilio: de multa a 1-6 años de prisión; hasta 8 años si la víctima es menor de 13 o mayor de 65.
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Injurias: ahora con penas de 1-3 años, y agravadas de hasta 6 años.
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Pornografía infantil: de 3-6 años a 3-9 años, con agravantes que elevan el mínimo.
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Posesión para distribución: de hasta 2 años a un máximo de 12 años.
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Privación ilegal de la libertad: de 6 meses-3 años a 1-4 años.
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Trata de personas: sube la pena máxima a 10 años y la agravada hasta 15.
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Amenazas: pueden alcanzar hasta 10 años si median armas o anonimato.
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Hurto: de 1 mes-2 años a 1-3 años.
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Robo: hasta 10 años con violencia, con figuras específicas para asaltos en la vía pública o por “motochorros”.
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Estafa: hasta 8 años de prisión.
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Usurpación: hasta 10 años, y agravada hasta 12.
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Agresiones en manifestaciones: de 2 a 5 años; hasta 9 años si es contra fuerzas de seguridad.
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Armas, falso testimonio y cohecho: aumentos de penas y multas más severas.
Responsabilidad penal de menores
Uno de los puntos más controvertidos es la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El Gobierno argumenta que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y que la normativa actual facilita que organizaciones criminales los utilicen.
Cambio de sistema procesal
El texto también plantea la aplicación obligatoria del sistema acusatorio en reemplazo del modelo inquisitivo. Esto implica que el fiscal tendrá la tarea de investigar y acusar, el imputado podrá ejercer plenamente su defensa y el juez se limitará a actuar como árbitro, con el objetivo de agilizar los juicios y aportar mayor transparencia.
