Por falta de actividad, se declaró la caducidad de instancia y se cerró el expediente iniciado por el Estado. En el fuero penal, la Justicia avanza con la ejecución de bienes de la expresidenta.
El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, resolvió declarar la caducidad de instancia en el proceso iniciado por la Dirección Nacional de Vialidad contra Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la causa penal conocida como Vialidad. La demanda buscaba una indemnización de 22.300 millones de pesos, pero el expediente quedó cerrado.
La decisión fue tomada tras el pedido de la defensa de la expresidenta, a cargo de Luis Goldin, que argumentó la inactividad procesal durante más de seis meses.
Al analizar los planteos, el juez sostuvo que “le asiste razón a la codemandada al sostener que la resolución del 22/11/24 no ha renovado un nuevo plazo de caducidad, por cuanto el incidente de perención de la instancia no es interruptivo del plazo de perención en el principal sino estrictamente suspensivo”.
En el fallo, Dos Santos remarcó además que desde la última actuación con capacidad de impulsar el proceso hasta el planteo de perención, se cumplió el plazo legal para declarar la caducidad. Y agregó:
“La caducidad de instancia no fue creado al solo efecto de castigar la negligencia de las partes en impulsar la tramitación del juicio, desde que va más allá del interés de las partes afectadas; fundamentalmente persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia”.
Cierre del expediente civil y avances en lo penal
Con esta resolución, el proceso civil iniciado por el Estado quedó sin efecto. No obstante, en el fuero penal, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido de Cristina Kirchner para evitar la ejecución de sus bienes, medida que sigue firme.
La exmandataria volvió a cuestionar el método utilizado por los peritos de la Corte Suprema para calcular el monto a devolver. En su presentación sostuvo que no posee patrimonio vinculado al delito por el que fue condenada y reafirmó que toda su evolución patrimonial y la de su familia “resulta absolutamente legítima”.
“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”, remarcó.
Sin embargo, los jueces del TOF 2 recordaron que la condena por administración fraudulenta contra el Estado fue revisada en diversas instancias y que el monto fijado para el decomiso es “inconmovible” en esta etapa.
“Ninguna de las cuestiones introducidas logra la tacha de arbitrariedad que nulificaría lo decidido, más allá de exhibir el desacuerdo de esa parte con una tesitura adoptada en contra de sus intereses”, escribieron en la resolución.
Lo que viene
Cristina Kirchner ya anticipó que, si la Cámara de Casación no le da la razón, recurrirá a la Corte Suprema y, eventualmente, a organismos internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, el Tribunal Oral avanza en la ejecución de la sentencia que mantiene en jaque el patrimonio de la exmandataria.
