Esta semana puede marcar un antes y un después en la investigación por el fentanilo contaminado que provocó 96 muertes en todo el país. El miércoles, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, recibirá los peritajes encargados al Instituto Malbrán, cuyo contenido será decisivo para el futuro procesal de los 24 imputados en la causa, entre ellos Ariel García Furfaro, responsable de HLB Pharma y su socio en la elaboración, Laboratorios Ramallo.
El magistrado busca determinar con precisión cómo y en qué etapa se produjo la contaminación del fentanilo distribuido a más de 200 clínicas y hospitales de la Argentina. Las sospechas apuntan a graves deficiencias en el proceso de fabricación de los lotes 31202 y 31244, en los que se detectaron bacterias como klebsiella pneumoniae, klebsiella variicola y ralstonia picketti.
Además del Malbrán, también interviene el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que analiza más de 200 historias clínicas de pacientes fallecidos o afectados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA. Su tarea es determinar si las muertes fueron consecuencia directa del fentanilo adulterado, como sostienen las hipótesis iniciales.
El peritaje del Malbrán tendrá un rol central, ya que examina los batch records de los lotes investigados: documentos internos que registran paso a paso cómo se elaboró el medicamento, desde la materia prima hasta la certificación final de esterilidad. Allí deberían figurar análisis bacteriológicos, controles de agua utilizada y validaciones del proceso de filtrado, puntos que según un informe preliminar de la ANMAT presentaban graves irregularidades.
Ese informe, de 19 fojas, ya había advertido que no se adjuntó evidencia documental de controles microbiológicos ni certificados originales de esterilidad, además de registrar tiempos excesivos entre la preparación y la esterilización de los lotes, lo que habría comprometido seriamente la calidad del producto. La clasificación de los desvíos fue considerada “mayor”.
Kreplak deberá resolver ahora si los registros del laboratorio reflejan fielmente la realidad de la producción o si hubo omisiones y adulteraciones deliberadas. En ese caso, los responsables podrían enfrentar acusaciones más graves, no solo por negligencia en la fabricación, sino también por falsificación de documentos regulatorios.
Con la información que llegará esta semana, el juez tendrá elementos para definir la situación de los 24 imputados actuales y evaluar la incorporación de nuevos sospechosos. La causa, que en apenas tres meses de instrucción ya reunió una gran cantidad de pruebas, se encamina así hacia una etapa decisiva: establecer responsabilidades en la cadena de producción y distribución de un medicamento que terminó siendo letal para casi un centenar de personas.
