La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, denegó este lunes la solicitud presentada por el Gobierno argentino para suspender la entrega de acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, como parte del pago de la sentencia por la expropiación de la petrolera. En un escrito con fuertes críticas al accionar del país, la magistrada sostuvo que la Argentina “sigue demorando y eludiendo sus obligaciones”.
“El fallo que sigue vigente permanece sin suspensión únicamente por responsabilidad de la propia República”, remarcó Preska en su resolución, en la que cuestionó la falta de garantías ofrecidas por el país durante el proceso de apelación.
La jueza recordó que en enero de 2024 su tribunal concedió la suspensión de la ejecución sin exigir una fianza, a condición de que el Gobierno argentino solicitara una revisión acelerada ante la Corte de Apelaciones y ofreciera una “garantía mínima”, lo que implicaba comprometer activos a favor de los demandantes. “La Argentina no aceptó”, indicó la magistrada, al justificar su negativa.
“La República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales”, sentenció Preska.
La respuesta oficial y el próximo paso
Desde el Ejecutivo aclararon que el país aún no está en desacato, ya que la jueza otorgó un plazo adicional de tres días para presentar la apelación ante la Cámara del Segundo Circuito, algo que la Argentina ya inició el pasado jueves. Según fuentes oficiales, el objetivo ahora es que esa instancia superior evalúe tanto el pedido de suspensión como la apelación de la orden de entrega de acciones.
“La Argentina se presentará ante la Cámara de Apelaciones a fin de que decida sobre ambos puntos”, indicaron.
Un caso que suma presión judicial y política
La sentencia original, emitida en septiembre de 2023, condenó al Estado argentino a pagar US$16.100 millones por la expropiación del 51% de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El reclamo fue impulsado por Burford y Eton Park, que adquirieron los derechos del grupo Petersen (de la familia Eskenazi), accionista minoritario al momento de la estatización.
El fallo sostiene que el Estado argentino incumplió con el estatuto de YPF al no extender una oferta de compra a los demás accionistas, como sí hizo con Repsol.
Desde que se conoció la condena, el Gobierno argentino apeló el fallo, pero sin presentar garantías concretas ni acuerdos con los demandantes, lo que generó una serie de acciones legales para embargar activos estatales en el exterior, incluyendo las acciones de la petrolera.
En declaraciones públicas, el presidente Javier Milei cuestionó el fallo y su viabilidad: “El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.
Mientras tanto, la presión judicial y financiera sobre el país se incrementa. La negativa de Preska a otorgar más tiempo marca un nuevo revés en una disputa que podría impactar no solo en las finanzas públicas, sino también en el control accionario de una de las empresas más estratégicas del país.
