La jueza federal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, convocó a una conferencia judicial entre la República Argentina y los beneficiarios del millonario fallo por la expropiación de YPF, con el objetivo de destrabar la disputa por la entrega de información sensible.
Se conoció después de que el Gobierno presentó la apelación para frenar la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera.
El encuentro se llevará a cabo en su tribunal y busca resolver diferencias vinculadas a la producción de documentación que podría resultar determinante para avanzar en embargos sobre activos argentinos en el exterior.
La raíz del conflicto radica en el intento de los demandantes por demostrar la existencia de una relación de “alter ego” entre el Estado nacional y diversas empresas públicas. En particular, apuntan contra Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Los beneficiarios del fallo —que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares como consecuencia de la estatización de YPF en 2012— intentan probar que esas entidades operan como extensiones del Estado, lo que permitiría incluirlas en el proceso de embargo de bienes.
