A fin de septiembre vence el decreto de necesidad y urgencia que congeló los precios de los alquileres, prorrogó los contratos y dispuso la suspensión de los desalojos.
Desde el Gobierno están analizando opciones para los inquilinos, como la extensión del decreto o un plan de créditos o subsidios que les permita saldar sus deudas con los propietarios.
El decreto de congelamiento que vence el 31 de septiembre abarca a los contratos de alquileres de vivienda única pero también habitaciones en pensiones, alquileres para actividades culturales o comunitarias o destinados a pequeñas producciones familiares y agropecuarias.
También están incluidos los inmuebles alquilados por monotributistas o profesionales autónomos para la prestación de servicios, comercio o industria; alquilados por mipymes, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas.
Además, el decreto no suspendió el pago de alquileres. Por eso, los que no pagaron durante estos meses acumularon una deuda que deberán saldar a partir de octubre. En ese caso, lo previsto, es que se podrán aplicar intereses compensatorios, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.
“Se está trabajando en el tema. Es un trabajo conjunto que se evalúa con varios organismos”, señalaron desde el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a Infobae. “La continuidad depende de la evolución de las problemáticas sanitarias y económicas. El DNU busca proteger los inquilinos tanto de vivienda como de los sectores productivos vinculados al comercio y las pymes. Entendemos que es el momento de interpretar al alquiler como una política de vivienda”, agregaron.
Fernando Muñoz, de la Defensoría del Inquilino de la ciudad de Buenos Aires, señaló que el Estado no debe descuidar el derecho a la vivienda y que se debe evitar el efecto poscrisis de 2001, con desalojos masivos, venta de viviendas únicas familiares por endeudamiento con los consorcios y más “inquilinización”.
“Se necesita una política de desendeudamiento que garantice la estabilidad de los hogares y la seguridad sanitaria. El Estado tiene que garantizar que donde hay deuda, el locador cobre y el inquilino reconstruya su economía familiar y siga bajo un techo digno”, explicó Muñoz.
