Claudio “Chiqui” Tapia se presentó este miércoles ante la Fiscalía de Pilar y aseguró que no tiene ninguna relación con la vivienda que motivó una investigación judicial en su contra. “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, afirmó durante su declaración, que se realizó de manera virtual.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también ratificó la denuncia que había presentado por presunta extorsión contra dirigentes de la Coalición Cívica y un empresario. La audiencia estaba prevista originalmente para este jueves, pero se adelantó para este mediodía.

Durante su exposición, Tapia sostuvo que no conocía a Facundo Del Gaiso ni a Matías Yofe, así como tampoco al empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A., dedicada a la provisión y explotación de sistemas automatizados de control de tránsito.

Según su versión, el conflicto no se originó con la denuncia por la vivienda de Pilar, sino que fue la consecuencia de una serie de presiones y amenazas previas que —siempre de acuerdo a su relato— comenzaron cuando se desempeñaba en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).

Tapia afirmó que detrás de la denuncia hubo una represalia por haberse negado a habilitar un negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas. En ese sentido, habló de una supuesta maniobra coordinada para perjudicarlo.

“Camani, escudándose en Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, materializa las denuncias para coaccionarme junto con periodistas. No descarto que todo esto sea un concierto de una asociación ilícita, todo en el marco de un negocio multimillonario”, expresó.

El dirigente insistió en que las presuntas presiones se vinculan con la instalación de cámaras para infracciones de tránsito. “Quiero que se investigue a fondo porque me extraña el poder que tiene este tipo para amenazar. Si en 2023 hizo lo mismo, amenazó y logró la instalación de las cámaras. Ahora hizo lo mismo. Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, señaló.

Además, recordó supuestos episodios en los que, según dijo, se reclamaba la provisión de energía para las cámaras de fotomultas. “Me está forzando para que le dé energía a sus cámaras. No tengo dudas de que las amenazas que ejercía al gerente eran para que le diera luz a sus cámaras”, afirmó.

Para Tapia, tras la denuncia judicial se desplegó una “operación mediática” destinada a amplificar el caso y presentar acusaciones como hechos probados, sin respaldo suficiente. La semana pasada ya había presentado un escrito en el que se declaró víctima de una maniobra extorsiva y pidió una serie de medidas de prueba.

Entre ellas, solicitó allanamientos, el secuestro y peritaje de dispositivos electrónicos de los denunciados, así como la citación de testigos bajo identidad reservada. Ahora será la Justicia la que deberá avanzar con la investigación para determinar el alcance de las acusaciones y la veracidad de los hechos denunciados.

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