El jefe de Gabinete adquirió una propiedad en Caballito por US$230.000 y recibió un préstamo por el 87% del valor; la Justicia analiza el origen de los fondos y posibles inconsistencias patrimoniales
Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial tras la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por US$230.000. La operación, concretada en noviembre de 2025, generó sospechas por su esquema de financiamiento: dos jubiladas habrían aportado cerca del 87% del valor total mediante un crédito hipotecario.
De acuerdo a los registros oficiales, las vendedoras del inmueble (Beatriz Viegas y Claudia Sbabo) no solo transfirieron la propiedad, sino que también figuran como acreedoras del préstamo por unos US$200.000, dividido en partes iguales. La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, había pertenecido anteriormente al exfutbolista Hugo Alberto Morales.
La operación inmobiliaria no fue el único movimiento relevante del funcionario en ese período. En el mismo mes, Adorni también habría adquirido una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, aunque en este caso figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Esta situación, sumada a la falta de información sobre la venta de un inmueble previo en Parque Chacabuco en su declaración jurada, encendió alertas sobre la evolución de su patrimonio.
La causa está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, quienes ordenaron una serie de medidas de prueba para reconstruir el patrimonio del funcionario. Entre ellas, se incluyen pedidos de información a registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros, tanto de Adorni como de su entorno familiar.
La investigación busca determinar si existieron omisiones en las declaraciones juradas, inconsistencias en la titularidad de bienes o irregularidades en el origen de los fondos utilizados para las adquisiciones.
Además, una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano señala que el patrimonio del jefe de Gabinete habría crecido significativamente en un corto período, lo que refuerza las sospechas. También se analizan posibles activos no declarados y operaciones financieras que podrían no haber sido informadas ante los organismos de control.
Mientras avanza la causa, la Justicia intenta establecer si las operaciones inmobiliarias y financieras del funcionario se ajustan a la legalidad o si configuran un caso de presunto enriquecimiento ilícito.
