En el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Estados Unidos, la Argentina presentó una declaración jurada ante la Justicia estadounidense sobre las reservas de oro del Banco Central (BCRA), en respuesta a un requerimiento del fondo Burford Capital, beneficiario del fallo de primera instancia.
Burford, que reclama el pago de US$16.000 millones más intereses por la estatización de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, solicitó información detallada sobre la ubicación de las reservas en oro con el objetivo de incorporarlas al listado de activos potencialmente embargables para cobrar la sentencia.
Si bien el Gobierno cumplió con la presentación exigida, advirtió que no brindará datos sobre la localización ni los movimientos del oro, al considerar que divulgar esa información podría afectar la gestión de liquidez, el manejo de reservas y el normal funcionamiento del Banco Central.
En el escrito enviado al despacho de la jueza Loretta Preska, la Argentina sostuvo que cualquier información relacionada con la custodia geográfica de los activos de reserva podría tener impacto en la política monetaria y cambiaria, en el respaldo de los depósitos y en la seguridad del sistema financiero. El documento fue difundido por el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors.
Desde la Procuración del Tesoro remarcaron que las reservas del BCRA son propiedad del Banco Central y están protegidas por la inmunidad de ejecución, lo que las convierte en activos no embargables según el derecho internacional. En ese sentido, calificaron como improcedentes los pedidos de información vinculados al oro.
Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no posee información no pública sobre la ubicación de las reservas, ya que su custodia corresponde de manera exclusiva al Banco Central.
El conflicto judicial se mantiene abierto. El próximo 19 de febrero, los demandantes podrán presentar un nuevo descargo, mientras que desde el Gobierno no descartan que surjan nuevas instancias hacia fines de marzo. “La República Argentina continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger su soberanía y frenar pedidos ilegítimos”, señalaron desde la Procuración.
