Con la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno apunta a cerrar el año con un respaldo clave en el Congreso y, al mismo tiempo, a cumplir uno de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la última revisión del acuerdo. Más allá de los detalles del proyecto que fija el esquema de gastos e ingresos para el próximo año, su sanción es leída en el Ejecutivo como una señal política y económica hacia el organismo de crédito.
En agosto, cuando se aprobó el primer examen del programa por US$20.000 millones, el equipo económico presentó ante el FMI un documento con 12 propuestas de gestión previstas para cumplirse entre noviembre de 2025 y fines de 2026.
En ese texto, el Gobierno se comprometió a enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 “con la regla de déficit cero”. Además, señaló que el proyecto incluiría un marco fiscal de mediano plazo, con una descripción detallada de los riesgos fiscales y de posibles escenarios adversos.
Con la sanción del Presupuesto, el Ejecutivo busca mostrar cómo quedará plasmado el marco fiscal de su plan económico para el año próximo. El propio presidente Javier Milei anticipó que no vetará la ley en caso de que sufra modificaciones durante el debate parlamentario y que ajustará las partidas necesarias para garantizar el superávit fiscal.
El objetivo cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el resultado de las cuentas públicas es una de las variables centrales en la evaluación del programa con el FMI, cuya segunda revisión está prevista para febrero, según los equipos del Palacio de Hacienda.
Sin embargo, ese no fue el único compromiso asumido ante el Fondo. El Gobierno también se había comprometido a publicar, a mediados de noviembre de 2025, un informe sobre las empresas estatales incluidas en la Ley Bases, junto con una hoja de ruta para su privatización. Según pudo saber TN, el documento fue elaborado por la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales y enviado al Ministerio de Economía, aunque sus detalles no fueron difundidos.
Entre los puntos incluidos en el acuerdo también figuran la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que fue oficializada en noviembre, y la eliminación de los fondos fiduciarios, con excepción del destinado a los subsidios de gas residencial. Si bien este proceso avanzó de manera significativa, aún continúan vigentes el Fondo de Garantía Argentino (FOGAR), el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), el Fondo de Infraestructura de Transporte y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
A su vez, el Gobierno indicó que publicaría un informe sobre la implementación de recomendaciones clave del GAFI vinculadas a la prevención del lavado de dinero, y que completaría la integración de las bases de datos de un registro social único, en conjunto con el Banco Mundial, con el objetivo de focalizar la asistencia social. También se comprometió a elaborar una propuesta para mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema tributario y a ampliar la cobertura del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF). Sobre estos últimos puntos, por el momento, no se registraron novedades.
Las pistas del plan económico 2026
Hacia el final del informe presentado al FMI aparecen dos iniciativas previstas para 2026 que funcionan como indicios del rumbo económico. Por un lado, el equipo económico anticipó que a fines del próximo año enviará al Congreso un informe con un diagnóstico y posibles opciones de reforma del sistema previsional, con el objetivo de mejorar su equidad y sostenibilidad, así como la relación entre aportes y beneficios. Además, anunció que impulsará un proyecto para modernizar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Más allá de esas iniciativas, hay dos compromisos de peso para la relación con el FMI. En primer lugar, el organismo insistió en la necesidad de que el Gobierno avance con un programa de acumulación de reservas que permita cumplir con las metas del acuerdo y afrontar los compromisos de deuda, además de recomendar un esquema cambiario más flexible. En respuesta, el Banco Central anunció recientemente cambios en el régimen de bandas de flotación, que se actualizarán según la inflación, y un plan de compras de reservas que oscilará entre US$10.000 millones y US$17.000 millones.
Por último, durante la primera revisión del acuerdo, el Ejecutivo también le comunicó al FMI que avanzará con un nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas. La segmentación actual será eliminada y se pasará a un sistema con dos categorías: hogares subsidiados y hogares que pagarán el costo pleno de la energía. Estos cambios se formalizarán en los próximos días.
