El presidente Javier Milei anunció la semana pasada, mediante cadena nacional, dos medidas clave para reforzar la disciplina fiscal en el marco de un escenario político y económico marcado por tensiones electorales. El primer paso será instruir al Ministerio de Economía para que el Tesoro no financie el gasto primario con emisión monetaria. El segundo, enviar al Congreso un proyecto de ley que penaliza a legisladores y funcionarios que aprueben presupuestos con déficit.
Ambas decisiones comenzarán a movilizarse esta semana. La notificación al MECON se concretará el lunes, mientras que el proyecto ingresará por la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que el clima parlamentario es adverso: la semana pasada, los libertarios sufrieron 12 derrotas en votaciones de la cámara baja y se espera que, en los próximos días, la mayoría de los bloques —salvo LLA y un sector del PRO— dictaminen proyectos impulsados por los 24 gobernadores que ya cuentan con media sanción del Senado. Una nueva sesión podría concretarse antes de septiembre, mes en el que se celebrarán elecciones en la provincia de Buenos Aires, seguidas de cerca por los mercados.
En su discurso, Milei detalló: “El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”. Aunque la medida ya se aplicaba de facto, el Gobierno busca formalizarla para dar mayor certidumbre a los mercados.
Un proyecto con sanciones penales
El segundo anuncio presidencial plantea una “regla fiscal estricta” que obligue al sector público nacional a mantener equilibrio o superávit financiero. “Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción: cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido; tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, afirmó Milei, quien advirtió que habrá sanciones penales para quienes incumplan. Este punto choca con las protecciones parlamentarias previstas en la Constitución y podría generar un fuerte rechazo legislativo.
En el Congreso, fuentes cercanas a la presidencia de Diputados —a cargo de Martín Menem— confirmaron que el proyecto ingresará por esa cámara, aunque evitaron precisar si se le dará un tratamiento exprés. El oficialismo arrastra antecedentes de iniciativas que se anunciaron con énfasis, como la captación de “dólares del colchón” en mayo, pero que no avanzaron en el debate parlamentario.
Mercados atentos y fragilidad política
Según la consultora GMA Capital, “con la flexibilización de las metas de reservas, el foco del mercado se desplazó hacia la política”. El Fondo Monetario Internacional ha manifestado confianza en la gestión económica de Milei y Caputo, pero sigue de cerca la evolución de las reservas.
En paralelo, el Presidente publicó una nota de opinión en el sitio del Banco Central en la que complementa su mensaje del viernes, argumentando que los recientes movimientos del dólar no tendrán impacto inflacionario y defendiendo la política monetaria como principal herramienta contra la inflación.
En la Casa Rosada admiten que se avecinan “dos meses de muchísima volatilidad” debido al calendario electoral. De acuerdo con GMA Capital, la caída de los vetos a las leyes de Discapacidad y Jubilaciones tendría un costo de 0,7% del PBI este año y 1,2% en 2026. Por su parte, las iniciativas de los gobernadores sumarían 0,2% del PBI en 2025 y 0,4% en 2026.
La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que, en los primeros siete meses del año, la Administración Pública Nacional logró un superávit primario de $9,7 billones y un superávit financiero de $2,8 billones. Solo en julio, el superávit primario alcanzó $3,0 billones y el financiero $2,2 billones.
