El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, presentó un pedido formal para que se declare la nulidad del llamado a indagatoria en la investigación que lo involucra por una presunta evasión superior a los $19.000 millones vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social.
El planteo fue ingresado este viernes por su defensa, que sostiene que ya existen presentaciones ante la Cámara en las que se argumenta la inexistencia de delito y se afirma que la deuda reclamada habría sido cancelada. Con esos fundamentos, solicitaron dejar sin efecto la citación ordenada por el juez Diego Amarante.
La investigación y las citaciones
La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la entidad de una supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones.
Además de Tapia, fueron convocados a prestar declaración el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes ligados a la conducción de la AFA. Según el cronograma fijado, el titular de la institución debía comparecer el 5 de marzo, mientras que la indagatoria de Toviggino fue postergada.
En paralelo, el magistrado había dispuesto la prohibición de salida del país para los imputados. Días atrás, Tapia pidió autorización para viajar durante tres días a Brasil y Colombia por compromisos vinculados a la actividad futbolística. El juez habilitó el traslado, aunque impuso una caución real de cinco millones de pesos como garantía para suspender de forma temporal la restricción.
El detalle de los montos bajo análisis
La denuncia original señalaba que entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 no se habrían depositado en tiempo y forma retenciones correspondientes al IVA, al Impuesto a las Ganancias y a contribuciones previsionales.
En una primera presentación, ARCA estimó el monto impago en $7.593 millones. Luego, en una ampliación, sumó otros $11.759 millones, lo que elevó el total investigado a más de $19.300 millones.
El organismo recaudador encuadró los hechos en el delito de omisión por parte de un agente de retención, al considerar que los fondos retenidos pertenecen al Estado desde el momento mismo en que se practican los descuentos y que su no ingreso implica una indebida apropiación.
Los fundamentos del juez
Para sustentar el llamado a indagatoria, el juez valoró un informe técnico sobre los movimientos financieros de la asociación. Según ese documento, en diciembre de 2024 la AFA registró acreditaciones por más de $45.000 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.000 millones. También se consignó la constitución de plazos fijos en pesos y en dólares en ese período.
A criterio del organismo denunciante, esos datos demostrarían que existía capacidad económica suficiente para cumplir con las obligaciones fiscales en los plazos legales.
Entre los elementos incorporados al expediente figura además la declaración de la contadora Mónica Bouvet, responsable del área de Administración y Control de la entidad, quien explicó el circuito interno de confección y notificación de las declaraciones juradas y vencimientos.
La figura penal analizada contempla penas de entre dos y seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente y dentro de los 30 días posteriores al vencimiento, los tributos retenidos, siempre que el monto supere los $100.000 por mes.
La definición sobre la validez o no de la indagatoria quedará ahora en manos de la Justicia, en un expediente que podría escalar en las próximas semanas según cómo avance el trámite procesal.
