El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió citar a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunta retención indebida de aportes y tributos. Además, dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.

La medida fue adoptada tras un pedido del organismo recaudador ARCA, que denunció que la AFA habría actuado como agente de retención de impuestos y cargas sociales sin transferir los montos correspondientes dentro del plazo legal establecido.

Según trascendió, Tapia deberá presentarse ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que Toviggino lo hará al día siguiente. La investigación también alcanza a otros dirigentes vinculados al fútbol argentino, entre ellos el titular de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y el expresidente de Racing, Víctor Blanco.

El monto bajo investigación

De acuerdo con la denuncia, los hechos investigados abarcan el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese lapso se habrían retenido sumas correspondientes al IVA, al Impuesto a las Ganancias y a contribuciones de la seguridad social que no fueron ingresadas en tiempo y forma.

La presentación inicial estimó obligaciones impagas por más de $7.593 millones. Posteriormente, una ampliación elevó la cifra en otros $11.759 millones. En total, el monto bajo análisis judicial supera los $19.300 millones.

Desde ARCA sostienen que los fondos retenidos no pertenecen al contribuyente, sino que pasan a ser propiedad del Estado desde el momento mismo de la retención. Por ese motivo, la falta de depósito podría encuadrarse en el delito de omisión de ingreso de tributos.

El organismo también señaló que el tipo penal exige dolo, es decir, conocimiento de la obligación y posibilidad concreta de cumplirla. En ese sentido, argumentó que la AFA habría contado con disponibilidad financiera para afrontar los pagos, respaldando esa hipótesis con informes bancarios que reflejarían movimientos de fondos y constitución de plazos fijos en pesos y dólares.

La causa continúa en etapa de instrucción y las declaraciones indagatorias serán claves para determinar la eventual responsabilidad penal de los dirigentes involucrados.

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