Después de más de un mes de silencio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció sobre la situación económica de la Argentina. El mensaje del organismo llegó en un contexto complejo, marcado por la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y una creciente presión cambiaria, con el dólar acercándose al techo de la banda de flotación.
A través de una publicación oficial, la vocera del Fondo, Julie Kozack, aseguró que el FMI “colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”. Asimismo, expresó el respaldo del organismo al enfoque económico del Gobierno: “Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.
La respuesta desde Casa Rosada no se hizo esperar. El presidente Javier Milei ratificó la continuidad del rumbo económico y afirmó: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”. En línea con las condiciones del acuerdo con el FMI, confirmó que se mantendrán el equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva, el esquema de bandas cambiarias y las medidas de desregulación.
La declaración del FMI se conoció el mismo día en que el dólar mayorista cerró a $1416, lo que lo deja a apenas un 4% del techo de la banda cambiaria, hoy establecido en $1470. De alcanzarse ese umbral, el Banco Central podrá utilizar parte de los US$14.000 millones ya girados por el FMI en el marco del acuerdo firmado en abril, lo que aumentaría la presión sobre las reservas internacionales.
Aunque el Fondo no se refirió específicamente a la reciente intervención directa del Tesoro en el mercado de cambios, esta acción genera incertidumbre respecto del cumplimiento de los compromisos pactados, en particular el aumento de reservas, uno de los principales puntos observados por el organismo en las últimas revisiones. Según la consultora Outlier, “estas intervenciones refuerzan la necesidad de reposición de reservas hasta la próxima meta con el FMI, que se estimaba en US$6100 millones antes de comenzar con las ventas».
Para alcanzar ese objetivo, las opciones del Ejecutivo son limitadas: podría comprar divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), avanzar con privatizaciones o gestionar líneas adicionales de financiamiento con organismos internacionales.
En lo fiscal, otro eje central del acuerdo, el Gobierno se comprometió a cerrar 2025 con un superávit primario del 1,6% del PBI. Hasta julio, se logró un 1,1% del producto, lo que representa el 69% de la meta. Sin embargo, cumplir con ese objetivo exigirá un mayor ajuste. La Fundación Mediterránea advirtió que, entre agosto y diciembre, los ingresos totales crecerían un 2,8% anual en términos reales, mientras que el gasto automático subiría un 15%.
“Para cumplir el compromiso con el FMI de un superávit primario de 1,6% del PIB en 2025, el gasto no automático debería tener una caída de 12% anual real entre agosto y diciembre de 2025, respecto de igual periodo del año pasado”, señaló la entidad. Eso implica posibles recortes en partidas discrecionales como transferencias a provincias y obra pública.
Además, si se consideran la reciente ley sobre discapacidad y los proyectos impulsados por gobernadores sobre Aportes del Tesoro Nacional (ATN) e impuesto a los combustibles, “las erogaciones no automáticas deberían recortarse aún más, en torno al 14% anual real entre agosto y diciembre (en lugar de un 12% con el escenario base)”, concluyó la Fundación.
