El oficialismo pidió oficialmente una reunión especial en la Cámara de Diputados para el próximo jueves 6 de febrero de 2025, a las 12 horas. El programa del día contempló la discusión acerca de la eventual supresión o interrupción de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una acción que ha provocado conflicto en el Congreso y que se enfrenta a posturas polarizadas entre el oficialismo y la oposición.

Una serie de legisladores oficialistas y aliados enviaron la petición, incluyendo a Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Manuel Quintar, José Luis Espert, Romina Diez y Cristian Ritondo. Además, en la misiva enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se abordaron otros asuntos de relevancia para el Ejecutivo, como la alteración en la ley de cambios en los artículos del Código Penal y Procesal Penal en relación con la reincidencia, la reiteración, el concurso de crímenes y la unificación de sentencias, además del proyecto de juicio en ausencia para los acusados fugitivos.

Desde hace varias semanas, el Gobierno ha estado en conversaciones con diversos sectores opositores para lograr los votos necesarios para progresar con la propuesta. Guillermo Francos, director del Gabinete, en colaboración con Lisandro Catalán y José «Cochi» Rolandi, han liderado las operaciones con agrupaciones aliadas como el PRO y ramas de la Unión Cívica Radical (UCR).

De acuerdo con fuentes legislativas, la supresión total de las PASO no sería políticamente factible, por lo que el oficialismo estaría promoviendo una suspensión provisional, acción que tendría menos resistencia. Pese a los intentos, el oficialismo y sus socios no poseen los 129 votos requeridos para el quórum, por lo que requieren negociar con sectores intermedios para obtener más apoyo.

En el bloque de Unión por la Patria (UxP), las opiniones se encuentran en desacuerdo. Algunos legisladores, especialmente en provincias donde las PASO fueron derrotadas con el respaldo del peronismo, no descartan respaldar la suspensión. No obstante, otros grupos sostienen que modificar la legislación aprobada durante la administración de Cristina Kirchner podría ser visto como una concesión al Gobierno de Javier Milei.

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